Acaban las primeras declaraciones en el «caso Arroyo», que apuntan a Villanueva

La primera tanda de declaraciones ante el juez que investiga un caso de malversación de fondos públicos en los casos de compraventa del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo y los terrenos de Portillo (Valladolid) ha llegado a su fin con el exconsejero Tomás Villanueva como principal señalado. El último en pasar por los juzgados de la calle Angustias de Valladolid para ser interrogado en este caso ha sido el director de la gestión administrativa y financiera de la Agencia de Desarrollo Económico hasta mayo de 2012, Francisco Armero.

Se ha acogido a su derecho a no declarar y ha evitado así ser cuestionado por su intervención y responsabilidad en la compraventa del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo. El nombre de Armero fue pronunciado en la sesión del pasado lunes después de que otro investigado le señalara como testigo entre una disputa por el precio de ambas compras entre Tomás Villanueva y Rafael Delgado, entonces números uno y dos de la consejería de Economía y Hacienda.

De este modo, después de casi mes y medio de declaraciones donde 16 investigados han pasado por la sala de instrucción número dos, la tónica de las declaraciones ha estado marcada por dos tiempos. El primero, en el que los investigados señalaron no acordarse de nada de las decisiones tomadas en los consejos de administración de Gesturcal y ADE, las empresas que realizaron las compras.

Durante estas primeras declaraciones se produjo una de las revelaciones más interesantes del caso, cuando el arquitecto del estudio Lamela, Francisco López, aseguró ante el juez que su estudio de arquitectura recibió el pliego de condiciones para la construcción del edificio de Arroyo antes de que este saliera a concurso público.

Este hecho probaría que Urban Proyecta, la única empresa que concurrió al concurso y que lo ganó, tuvo información privilegiada sobre el caso.

El segundo tiempo corresponde con la tesis seguida por varios exmiembros del consejo de administración y que inició el actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, quien aseguró, en la declaración más reveladora hasta el momento, que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, estaba al corriente de las operaciones de compraventa en ambos casos y que tomó medidas al respecto.

Después de esta declaración que provocó que Herrera diera explicaciones en una rueda de prensa al día siguiente, otros exmiembros del consejo de administración de Gesturcal y ADE declararon ante el juez que la entonces Consejería de Economía de Tomás Villanueva era la responsable de sacar adelante estos proyectos, además de apuntar a los dos viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández.

Los delitos que está investigado el juez vienen relacionados con unos sobrecostes en las operaciones de Arroyo y Portillo, donde en el primer caso se acabaron pagando 53 millones de euros por el edificio de Soluciones Empresariales y 34 millones por los terrenos de Portillo que iban a estar destinados a la construcción de un polígono inexistente.

El secretario general del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, volvía a acusar ayer al persidente de la Junta, de «conocer y consentir» la corrupción en este caso y argumentó que se trata de un caso de corrupción «gravísimo» en que además de sobrecostes hay una posible financiación irregular.