Castilla y León
Aparcada la reforma de los aforamientos por falta de consenso entre los partidos
PSOE y Podemos no pactarán con PP y Cs si no se incluye al presidente y consejeros en la supresión
PP y Cs aparcan la supresión de los aforamientos de los procuradores por falta de consenso con PSOE y Podemos, que piden que se incluya en la reforma del Estatuto de Autonomía al presidente de la Junta y sus consejeros.
La reunión celebrada en las Cortes finalizó sin falta de acuerdo, por el momento. Cabe recordar que la reforma de este aspecto contemplado en el Estatuto de Autonomía, exige una mayoría de dos tercios de la Cámara para poder prosperar.
Raúl de la Hoz (PP) y Luis Fuentes (Ciudadanos) expresaron «la tristeza y la decepción» por no avanzar en un «paso tan sencillo», mientras que José Francisco Martín (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos) calificaron la propuesta de «paripé» y criticaron que a ambos grupos «no les importe» una reforma «más amplia del Estatuto en relación a los derechos sociales».
Fuentes explicó que, a pesar de tener solo cinco procuradores, su formación consiguió «arrastrar» al Grupo Popular a un «acuerdo de mínimos» que preveía la limitación del aforamiento, es decir la supresión de la inmunidad, a los representantes, no así a los miembros del equipo de Gobierno.
De esta forma, Fuentes aseguró que se trata de una iniciativa de «regeneración democrática» que su partido «siempre ha abanderado» y lidera.
Los dos grupos principales de la oposición, mostraron su «absoluto rechazo» a este acuerdo, que «blindaba» a los miembros del Ejecutivo Autonómico.
«Si el PP ha querido blindar al equipo de Gobierno de esta supresión, es que quieren evitar el continuo desfile a los juzgados que están haciendo y tendrán que hacer los consejeros en los próximos meses, debido a los numerosos casos de corrupción que asolan la Comunidad», declaró Francisco Martín.
Martín se mostró tajante al manifestar que la corrupción en Castilla y León «no esta en las Cortes, sino en la Junta».
En este sentido, Fernández subrayó la intención de abordar una «reforma integral» del Estatuto de Autonomía donde se fije un sueldo para los procuradores de, «como mucho, tres salarios mínimos».
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