Casi 4.000 discapacitados trabajan ya en Centros Especiales de la Región

Desde que en el año 1995, Castilla y León asumiera las funciones y servicios en materia de Centros Especiales de Empleo, el crecimiento del número de trabajadores con discapacidad ha pasado de 770 a 3.872. En la actualidad hay inscritos en la Comunidad 221 centros de trabajo distribuidos en nueve provincias, siendo León y Valladolid las dos provincias que más empleados de estas características cuentan, en ambos casos superando el millar, según informa la Consejería de Economía y Empleo.

El objetivo principal de estos centros de empleo es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo renumerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad; a la vez que son un medio para su integración.

Sus plantillas se encuentran constituidas por el mayor número de personas discapacitadas que permita su capacidad productiva, cuyo número puede ser inferior al 70 por ciento respecto del total de los trabajadores.

Mayor autonomía

«El empleo es clave para el reconocimiento de derechos y para la autonomía de estas personas». Son palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para quien garantizar que los discapacitados puedan acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que el resto es uno de sus grandes desafíos. Algo en lo que juegan un papel protagonista los centros especiales de empleo, que ocupan en estos momentos a cinco personas, de las que el 70 por ciento son discapacitadas. la Junta trabaja para seguir impulsando los elementos clave que se deben reorientar en un nuevo modelo de centros especiales de empleo, así como las actuaciones que se tendrían que llevar a cabo para conseguir facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad y su integración laboral.

Objetivo: que estos centros sean viables, sostenibles y socialmente comprometidos, y que desarrollen un nuevo modelo de empleo que ponga en valor tanto los aspectos relacionados con los sectores más desfavorecidos como con sectores estratégicos de actividad, niveles de competitividad y de rentabilidad.

Todo ello para consolidar el empleo para personas con discapacidad, así como un modelo sostenible de apoyos públicos y privados al sector, que permita incorporar criterios de valoración que faciliten una discriminación positiva para los más necesitados.