Castilla y León defiende mayor agilidad en prestar servicios a ciudadanos y empresas

El consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió el trabajo realizado por Castilla y León en relación con las instituciones propias y su adaptación a los principios de austeridad. De tal modo, Castilla y León se presentó como ejemplo de lo que hay que hacer en esta materia en una reunión en la que participaron representantes de las comunidades gobernadas por el PP junto con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.Un encuentro para analizar el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en el que todos los participantes se comprometieron a avanzar en el control del gasto, la eficiencia administrativa y la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Aunque los compromisos fueron numerosos, el consejero de la Presidencia incidió en que en la reunión se remarcó la importancia de modificar el mapa de las instituciones propias, mediante su eliminación o su reducción del tamaño y coste «mediante alternativas que consigan efectos similares», subrayó. En definitiva, el acuerdo fue que sigan existiendo pero con un menor aparato administrativo, con reducción de altos cargos y gastos.

Precisamente, en este asunto, el consejero recordó que Castilla y León ya hizo los deberes antes, incluso, de que el PP llegara al Gobierno central hace ya dos años.

Así, en primero lugar, al principio de la legislatura en Castilla y León ya se produjo una reducción de altos cargos, al tiempo que se reestructuraron las instituciones propias, con una reducción de su organigrama y dependientes de una única Secretaría General dependiente de las Cortes, y se redujeron las empresas y fundaciones públicas, señaló.

En este sentido, recordó que Castilla y León ha pasado de tener 36 empresas públicas y fundaciones a 18, con una rebaja de su coste en una media del 40 por ciento, y que el proceso culminará antes de finalizar enero con un acuerdo en Consejo de Gobierno de más de 60 medidas dirigidas a avanzar «en la reforma de las administraciones de la Comunidad Autónoma».

No obstante, aclaró que ha pedido al Gobierno en nombre de Castilla y León que actualice y «clarifique» el inventario de empresas públicas y fundaciones dado que en Castilla y León aparecen 46 en las que, según el consejero, la Junta no tiene capacidad de decisión, como en las 18 que mantiene.

Entre los compromisos adquiridos por los participantes del encuentro, se encuentra también aprovechar las ventajas, sinergias y ahorros que supone la gestión de medios y servicios comunes, estudiando la posible aplicación y adhesión a las fórmulas de adquisición, contratación y gestión de los mismos que se proponen en el Informe Cora.