El Ayuntamiento de León se planta ante la supresión de trenes de media distancia

El pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado por unanimidad una moción para instar al Ministerio de Fomento a que mantenga los trenes de media distancia que se prevén suprimir en la provincia a partir del 2 de junio, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Se trata de una moción conjunta presentada por los tres grupos políticos municipales, PP, que gobierna con mayoría absoluta y PSOE y UPL, ambos en la oposición.

En dicha moción, todos los grupos han reclamado además el mantenimiento del empleo, tanto de los maquinistas como interventores de Renfe Operadora, así como el de los talleres de León y los puestos de trabajo asociados al mismo.

38 trenes afectados

En la exposición de motivos de la propuesta, los grupos se refieren al real Decreto de Estado en virtud del cual se suprimirán a partir del 2 de junio un total de 38 trenes regionales que semanalmente unen León con Ponferrada, Gijón y Valladolid.

Los tres grupos políticos en el Ayuntamiento de León han considerado en el texto que la supresión de trenes de media distancia acordada por Renfe Operadora «vulnera el derecho a la movilidad de los ciudadanos, vivan donde vivan», se señala.

«A pesar de que los ciudadanos de las zonas rurales pagan los mismos impuestos que en zonas urbanas, con esta medida, verán dificultado su acceso a los servicios, en especial a la sanidad y a la educación, ya que aunque se mantenga la conexión ferroviaria en estas líneas se reducen las frecuencias y paradas y por lo tanto afecta a los que acudan a centros médicos y educativos, según informaba el portavoz del Grupo Municipal del PP, José María López Benito.

Asimismo, en la moción se argumenta que esta decisión puede tener «graves consecuencias para al futuro del sector ferroviario en León», ya que la supresión de estos servicios, pone en peligro los puestos de trabajo de un importante porcentaje de la plantilla de maquinistas e interventores de Renfe Operadora. Los grupos políticos han apuntado que la eficiencia del transporte por ferrocarril no se puede medir exclusivamente en términos económicos, sin tener en cuenta el derecho a la movilidad ciudadana.