Castilla y León
El Consejo de Ministros da luz verde a cuatro nuevos juzgados en Ávila, Burgos, León y Medina del Campo
Se crean 93 en toda España
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos juzgados, de los cuales cuatro corresponden a Castilla y León, según informaron fuentes del Gobierno.
En Ávila se crea el juzgado número cinco de primera instancia e instrucción, en Medina del Campo (Valladolid) el número tres de primera instancia e instrucción, mientras que en Burgos y en León se crean los juzgados de primera instancia 8 y 11, respectivamente.
Con esta distribución, según el Ministerio de Justicia, se ha optado por reforzar aquellos juzgados con mayor carga de trabajo, siendo significativos los casos de Burgos y León que soportan uno de los mayores volúmenes de actividad de la Comunidad, según los baremos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, el de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ávila acumula un volumen de ingreso del 133 por ciento, ya que cuenta con 628 asuntos pendientes, lo que deja el tiempo medio de respuesta en cuatro meses. El de Primera Instancia, número 8 de Burgos, tiene un volumen de ingreso del 160,9 por ciento, con una respuesta media de 9,5 meses, casi igual que el número once de León, con un plazo de 6,1 meses. En Medina del Campo tiene 568 asuntos pendientes.
Esta distribución recoge alguna de las demandas planteadas por el presidente del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, durante el acto de apertura del año judicial 2017-2018, que se celebró a finales del pasado mes en Burgos.
En relación a la Planta Judicial, Concepción expresó su malestar porque solo cuatro unidades judiciales figuraban en los planes del Gobierno, una medidas «insuficientes e inadecuadas» en su opinión. Así consideró que el proyecto de Real Decreto por el que se creaban 89 unidades judiciales en todo el entorno nacional -cuatro en la Comunidad- no obedecía «a las necesidades de Castilla y León».
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