El Gobierno Herrera adopta 120 medidas para acometer la violencia intrafamiliar

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera es el primero de la España autonómica en abordar la prevención de los malos tratos dentro de las familias, a través de un pionero plan compuesto por 120 medidas.

Así lo explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, antes de presentar para el análisis, estudio y aportaciones por parte del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, el primer «Plan de violencia intrafamiliar 2019-2023».

También aseguró que uno de los principales objetivos del programa es concienciar y sensibilizar a la sociedad en relación a esta lacra, mejorar los sistemas actuales de detección a través de formación especializada y unificar criterios de actuación.

Y es que, según reconoció Alicia García se trata de un tipo de violencia «compleja» y difícil de abordar. Así lo corroboran los datos existentes. En lo relativo a los menores, en Castilla y León, entre 2007 y 2017, este problema dejó 58 menores huérfanos, hijos de 34 mujeres que fueron asesinadas.

Respecto a la violencia filioparental, el dato del número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en nuestra Comunidad ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017.

En relación a la machista destaca, en 2017 respecto a 2016, el número de denuncias presentadas creció un 16,8 por ciento y el de las órdenes de protección concedidas un 11,7 por ciento.

Sobre el maltrato a personas mayores, encuestas nacionales señalan que el 0,8 por ciento han sido víctimas, que se eleva hasta el 1,5 por ciento si son dependientes.

Dentro de las actuaciones, la consejera resaltó el desarrollo tanto de un servicio telefónico de información y orientación sobre violencia intrafamiliar como uno de apoyo a las familias sobre cómo abordar esta situación.

Asimismo, explicó que se va a dotar a los profesionales que trabajen en ámbitos relacionados con este tipo de malos tratos de herramientas de valoración y criterios de actuación unificados. Junto a esto, señaló Alicia García, se establecerá la activación de ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en casos de violencia machista, a personas mayores o con discapacidad.

Por último, Alicia García avanzó que se van a promover investigaciones y estudios que ayuden a establecer mecanismos de prevención y detección más eficaces.