El Gobierno Herrera alerta de la pérdida de población y envejecimiento en España

Fructífera reunión la celebrada ayer en Zaragoza para hacer frente a un «problema de Estado», como es el de la despoblación. Un encuentro que reunió a las comunidades de Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura -que representan el 60 por ciento del territorio y el 58 por ciento de los municipios españoles-, y que sirvió para mostrar la necesidad de atender a variables demográficas para distribuir la tarta de la financiación autonómica.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta fue el representante de Castilla y León en el foro y, en ese marco, incidió en que España será «más fuerte» si logra «mayor dinamismo» poblacional, dado que, a su entender, está en juego el futuro del país. Allí retomó la petición lanzada por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la última Convención Nacional del PP, al Gobierno, donde planteó la importancia de fijar una pacto nacional que determine estrategias para corregir el «problema estructural» del envejecimiento y la despoblación.

En este contexto, De Santiago-Juárez instó a todas las administraciones a que se impliquen en la estrategia por el cambio demográfico, frente a visiones «cortoplacistas» que atribuyen el problema al «mal gobierno».

A su juicio, ésta cuestión afecta en todos los ámbitos públicos, dado que interfiere en el futuro del sistema de pensiones, pero también en la prestación de atenciones esenciales, cuestiones por ello que, a su entender, han de tenerse en cuenta en la revisión del próximo modelo de financiación autonómica. Precisamente el acuerdo resultante de la reunión del grupo, incide en la importancia de la «altura de miras y la visión de Estado» para acometer el desafío.

Un indicador adelantado

Los representantes de las seis comunidades autónomas remarcaron que la crisis demográfica que en sus territorios se percibe de manera más intensa, es un «indicador adelantado» de un proceso que se extenderá al conjunto del país, informa Ical.

Los consejeros de esa media docena de gobiernos presentes sellaron siete compromisos, como el abordaje nacional de medidas posibles de implantar, la presentación en los Parlamentos autonómicos de iniciativas para encumbrar esa estrategia nacional y la búsqueda de alianzas con otras regiones europeas afectadas con el mismo problema. Por este motivo, se celebrará en abril un ''bis a bis'' con el comisario europeo de Empleo y Política Social, el húngaro László Andor, tras de lo cual habrá seminarios con responsables de otros territorios y eurodiputados, con el reto de que la UE priorice proyectos a favor del dinamismo demográfico hasta 2020.

En el acuerdo también se demanda que el sistema de financiación autonómico, a negociar por Estado y comunidades, establezca una nueva ponderación de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida, es decir, aquellas que implican mayor coste en la prestación de servicios.

De igual manera se planteó una mayor llegada de fondos para el desarrollo de políticas de desarrollo rural, por su carácter transversal y su capacidad de vertebración y ordenación del territorio.

Concienciar a las fuerzas políticas de la importancia de los desafíos demográficos, las circunstancias y sus consecuencias, así como la continuidad de este grupo, con la celebración de un III Encuentro, en el mes de junio, en la ciudad de Mérida, constituyeron otros compromisos sellados en Zaragoza.