El Gobierno Herrera refuerza la enseñanza del español y la industria cultural y creativa

Destina más de 122 millones para estos objetivos y aprueba nuevos apoyos a los regadíos y la Sanidad

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, explica los acuerdos del Consejo de Gobierno
La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, explica los acuerdos del Consejo de Gobierno

Reforzar la industria cultural y creativa, así como la enseñanza del español. Estas son las prioridades de dos ambiciosos planes aprobados por el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, en su reunión semanal.

Más de 122 millones destinará el Ejecutivo autonómico en estos programas, según anunció la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos.

El primero de ellos es el II Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León, al que se dedicará casi 111 millones para el periodo 2018-2021. Milagros Marcos aseguró que se trata de un sector que considera estratégico y desde una visión integradora y centra una «especial atención» al trabajo de los jóvenes profesionales, además de incluir a la Tauromaquia como expresión relevante del patrimonio cultural de nuestra Comunidad.

Asimismo, indicó que se busca fortalecer la estructura cultural de Castilla y León, apoyar a las empresas y profesionales de los distintos sectores para que logren ser más competitivos más innovadoras y estén también más internacionalizadas.

El segundo es el III Plan del Español como Lengua Extranjera, al que dedicarán 10,8 millones para el periodo 2018-2020, con el fin de que nuestra Comunidad sea referente mundial en la enseñanza del idioma.

Una de las novedades de este proyecto es captar nuevos alumnos para que no sean únicamente estudiantes, sino personas de otros sectores de la sociedad, así como aproximarse a nuevos mercados y entornos geográficos emergentes.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó una inversión superior a los 41,6 millones en obras de concentración parcelaria, infraestructuras y mejoras de regadío en las provincias de Palencia, Soria, Burgos, Segovia y Zamora.

Estas actuaciones pretenden facilitar la diversificación de la economía rural y mejorar la calidad de vida de más de 6.700 profesionales de la Región.

En materia sanitaria, la Junta dedicó más de 34,3 millones a la ejecución de varios expedientes que tienen como destinataria principal la Sanidad Pública de Salamanca.

El más cuantioso, con 31.648.752 euros, tiene como fin el suministro, instalación y mantenimiento, durante cinco años, de los elementos que permitan la realización de determinaciones analíticas en los laboratorios del Hospital Clínico Universitario.

Además, el Gobierno regional aprobó más de 2,8 millones en obras de mejora en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de la localidad salmantina de Vitigudino y de la palentina de Carrión de los Condes. Los trabajos están cofinanciados por fondos europeos.

Transición de la minería

Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Arágon, Javier Lambán; y Asturias, Javier Fernández, solicitaron, a través de una carta, un «urgente encuentro de trabajo» con la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, para analizar con detalle la «situación límite» en las cuencas antes el cierre de las explotaciones de carbón y de las centrales térmicas y buscar una alternativa justa que mantenga la actividad en esas zonas.

Así lo anunció la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, quien señaló que en la misiva de los tres líderes autonómicos se ponen a disposición del Ejecutivo central, «con actitud totalmente constructiva y desde la voluntad de colaborar», para analizar la situación, en cumplimiento de la consulta a los territorios afectados que estable la Comisión Europea.

Asimismo, recuerdan, en el escrito, que la minería del carbón y la producción de energía por las centrales térmicas han sido dos sectores complementarios de «gran tradición y presencia» en estos territorios y expresan la preocupación por las consecuencias económicas y sociales graves y directas en el desarrollo de las decisiones y compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático y la transición energética.

También subrayan que, aunque exista alguna diferencia en cada una de las comunidades, los tres gobiernos mantienen una «posición común para hacer frente a la enorme preocupación» que comparten sobre los «duros efectos y problemas sociales, económicos, laborales y demográficos que la acelerada desaparición de esas actividades está provocando en los últimos años en esos territorios». «Una preocupación que todavía es mayor más sentida en los municipios, ciudadanos, trabajadores y familias directamente vinculados a las minas y a las centrales térmicas», explican a Ribera.