El mapa del siglo XXI pide acuerdo

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera antepondrá el consenso a la culminación del proceso que ahora inicia en las Cortes para su aprobación la que será Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio.

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera antepondrá el consenso a la culminación del proceso que ahora inicia en las Cortes para su aprobación la que será Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio. Así lo garantizó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien se refirió a esa norma, que ayer tuvo luz verde en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, como el documento que ordenará los servicios públicos a prestar en el mapa de la Comunidad para el siglo XXI.

Un mapa que deberá estar cerrado tres años después de que el Parlamento lo apruebe, de manera que todos los servicios que prestan las administraciones públicas de segundo y tercer nivel (autonómica y locales -incluidas las provinciales-) deberán estar adaptadas a la nueva realidad.

El consejero reconoció que el proyecto de Ley aprobado ayer recoge «escrupulosamente» lo pactado, en octubre del año pasado por Junta, PP y PSOE, al igual que aportaciones de partidos, ciudadanos, la Federación Regional de Municipios y Provincias, sindicatos y patronal, entre otros, y remarcó una y otra vez que éste es un «asunto de Comunidad» que no debe estar sometido a los vaivenes que pueden marcar las urnas cada cuatro años.

«Estamos obligados a poner lo mejor de nosotros mismos, si queremos a Castilla y León y creemos en ella», argumentó De Santiago-Juárez, quien fue más allá al reseñar que «tenemos prisa por alcanzar un consenso, que por que esta Ley se apruebe un día u otro después».

En este contexto, el principal impulsor de la norma, compromiso de legislatura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, lanzó la siguiente reflexión: «quiero la mejor comunidad autónoma para las próximas generaciones, en particular para las que viven en el medio rural», tras lo que se sumó a la doctrina demográfica que otorga mayor relieve a la calidad asistencial que al volumen poblacional.

De Santiago-Juárez, quien remacó la «clara apuesta municipalista» que hace la Junta con este documento, sentenció que la norma se ha materializado «pensando por y para las personas», y recordó que los dos objetivos básicos que persigue la futura Ley son mejorar y garantizar los servicios que se prestan tanto la Junta como las municipios a los ciudadanos, de modo eficiente y con calidad, así como hacer la vida más cómoda y sencilla a los castellanos y leoneses a partir de la eliminación de trabas y burocracia.

De igual manera, puso de relieve que «en la Junta creemos en las políticas de proximidad, las que hacen los municipios», de manera que garantizó que todos ellos, por pequeños que sean, «tendrán algunas competencias».

Concretamente, la nueva ordenación distingue 173 competencias y 539 funciones, lo que servirá para eliminar duplicidades, sin suprimir municipios ni crear nuevas estructuras administrativas. En este punto, recordó lo crítico que fue el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera con la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que en el anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local proponía «vaciar de competencias a los municipios para llenar a las diputaciones», expuso.

«No creemos en eso», confirmó el consejero portavoz quien, no obstante, incidió en que «esto no quita para que ambos textos sean compatibles».

Otro tipo de mancomunidad

José Antonio de Santiago-Juárez insistió en que la Ley buscará modernizar las diputaciones, dotarlas de un papel diferente, una vez que se configuren las mancomunidades de interés comunitario, con una organización totalmente diferente a la «actualmente anárquica» que presentan las 241 existentes en la Comunidad antes de aprobarse esta norma, de cuyo funcionamiento el consejero sólo dio por buenas las referidas a la gestión del agua. Al respecto, destacó que la asociación voluntaria de municipios contribuirá a que los municipios puedan cumplir con mayor facilidad el principio de estabilidad presupuestaria, que recoge la Constitución.

Unidades rurales y urbanas

El documento aprobado ayer ordena los servicios que presta la Junta en el mapa, a partir de unidades básicas de ordenación y servicios (UBOS), que podrán ser rurales o urbanas. Las de ámbito rural agruparán a municipios menores de 20.000 habitantes, que deberán tener un mínimo de 5.000 censados y un máximo de 30.000 -según el criterio poblacional-, o según la densidad, cuando tengan menos de quince habitantes por kilómetro cuadrado, con la agrupación de al menos cinco términos municipales. Mientras, las UBOS de carácter urbano serán quince, es decir, las ciudades de más de 20.000 habitantes. El resultado final de esta reagrupación se plasmará en un decreto, a partir del cual se delimitarán áreas funcionales y estratégicas.En base a estas UBOS se vertebrarán las prestaciones referidas a la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. No obstante, se respetará la organización existente en el ámbito urbano en la actualidad.

Con la aprobación de este proyecto de ley se culmina un proceso que arrancó hace casi dos años y que la Junta ha explicado a cada uno de los 2.248 alcaldes de Castilla y León, según expuso el consejero, quien recordó la apertura a la sociedad de la norma que se concretó en 190 reuniones para avanzar el modelo y en hasta 780 alegaciones al texto.

El PSOE hizo una primera valoración de la reforma local planteada por la Junta. El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, presidente de la Comisión de Haciendas Locales en la FRMP de Castilla y León, consideró que «el problema no está en los pequeños municipios, sino en la estructura sobredimensionada de la Junta».