El nuevo mapa territorial no supondrá más gastos ni más cargas a los pueblos

La Junta anima a sus delegados territoriales a que hagan pedagogía y escuchen a los alcaldes

El consejero portavoz José Antonio De Santiago-Juárez preside la reunión de la Comisión de Ordenación Territorial, ayer en Valladolid
El consejero portavoz José Antonio De Santiago-Juárez preside la reunión de la Comisión de Ordenación Territorial, ayer en Valladolid

Más pedagogía. Y escuchar las necesidades, inquietudes y dudas que tengan los alcaldes sobre el nuevo modelo de ordenación del territorio que plantea la Junta para Castilla y León. Esto es lo que les pide el consejero portavoz de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez, a los nueve representantes del Gobierno regional en cada provincia para evitar malos entendidos, como que los pueblos tendrán que soportar más cargas económicas con este nuevo mapa territorial. Algo que desde la Junta insisten en desmentir.

Así lo cree De Santiago-Juárez, para quien muchas de las aportaciones recibidas proceden de la confusión por considerar que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio puede suponer una carga económica más. El consejero reitera que el modelo propuesto no solo preserva la autonomía municipal, sino que garantiza la calidad de los servicios en el medio urbano y rural, moderniza las funciones de las diputaciones provinciales para adecuarlas al modelo de ordenación del territorio,y suprime duplicidades y competencias impropias.

El también consejero de la Presidencia presidió, ayer en Valladolid, la Comisión General de Coordinación Territorial, donde animó a los delegados territoriales a que escuchen las propuestas y dudas de los alcaldes, «porque es la mejor forma de mostrar que el anteproyecto de ley busca la asociación voluntaria de municipios para prestar los mejores servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de los pueblos, sin la supresión de ninguno de ellos».

Memoria económica

Durante la reunión, De Santiago-Juárez informó también a los delegados de la memoria económica que acompañará el proyecto de Ley. Un informe pormenorizado sobe la situación actual de los municipios, en el que se estima un ahorro de 231,8 millones de euros a los pueblos de hasta 20.000 habitantes cuando el modelo se aplique en su totalidad. Si bien en ese cálculo no se recoge el ahorro que supondrá la creación de las quince mancomunidades de interés general urbanas previstas.

Con estos datos, los 1.977 ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes existentes a lo largo y ancho de nuestra Comunidad tendrían un ahorro de 82 millones de euros al año, Mientras que los 212 municipios de entre 1.001 y 5.000 vecinos censados, un ahorro de 113,6 millones de euros al año. Y para los 44 ayuntamientos de entre 5.001 y 20.000 habitantes, el ahorro ascendería hasta los 36 millones de euros. El cálculo de referencia es el trabajo 'Economías de escala y densidad y alcalde en la provisión pública de las infraestructuras básicas municipales', elaborado por tres profesores de la Universidad Autónoma de Madrid.

El consejero portavoz también detalló las treinta y cinco alegaciones presentadas al anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, de ellas quince corresponden a entidades locales; cuatro a agentes a agentes sociales y partidos políticos; y otras 16 alegaciones externas de ciudadanos en las que se enmarcan las trece aportaciones en el portal de Gobierno Abierto de la web de la Junta de Castilla y León.

Modelo ambicioso y funcional

El nuevo modelo de ordenación territorial de la Junta apuesta por fórmulas flexibles para mejorar la cooperación entre las ciudades de más de 20.000 habitantes y sus alfoces; se impulsan las mancomunidades de interés general fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios, que deberán coincidir sustancialmente con las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, con una cartera de servicios común; las mancomunidades no supondrán la creación de nuevas estructuras administrativas; se refuerzan y modernizan las diputaciones provinciales para adecuarlas al nuevo modelo, suprimiendo duplicidades.