El PP plantea mejorar la estabilidad de los empleados públicos que son interinos

El Grupo Popular en Castilla y León quiere mejorar la estabilidad de los empleados públicos. Por ello, presentará en las Cortes una Proposición de Ley (PL) que incluirá un proceso de oposición y concurso para los interinos que llevan más de tres años trabajando para la Administración.

De este modo, se plantea extender la carrera profesional a todos los trabajadores del Estado -funcionarios, estatutarios y personal laboral-, lo que tendrá un impacto de 75 millones en 2020 para las arcas públicas de la Región.

El presidente de la formación en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, compareció en la sede autonómica del partido para presentar esta iniciativa parlamentaria tras haber analizado la propuesta con organizaciones sindicales y sectoriales y tras un trabajo «de muchos meses». Por ello, confió en recibir el respaldo de otras fuerzas políticas para que se inicie la tramitación de esta futura norma.

Fernández Mañueco explicó que la PL pretende reconocer «el esfuerzo» realizado por los empleados públicos, por lo que recalcó que se trata de una regulación «global y pionera», que pretende mejorar el funcionamiento de la Junta.

Por tanto, extiende el modelo de la carrera profesional que tenía reconocida el personal sanitario asistencia a todos los empleados públicos, lo que también tendrá impacto sobre la plantilla docente de los centros educativos concertados.

En este sentido, se prevén cuatro grados o categorías, a los que se llegará al acumular una antigüedad de cinco años y otras circunstancias como la trayectoria, la calidad del trabajo o los conocimientos adquiridos.

Por otro lado, el presidente de los populares de Castilla y León y su grupo en las Cortes proponen que la Junta «haga un esfuerzo» y afronte un proceso de estabilización y «consolidación» de todos los interinos que lleven más de tres años en el puesto.

Por ello, el PPCyL plantea una convocatoria especial mediante el procedimiento de concurso oposición , de forma que esta sea excluyente para acceder a la segunda fase, puesto que tendrá un peso del 60 por ciento, frente al 40 de la otra.

Finalmente, Fernández Mañueco señaló que sigue la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que es la fórmula para garantizar el respeto a la igualdad, mérito y capacidad.