Castilla y León

El PSOE demanda a las administraciones dar un paso al frente ante los desahucios

Reclama a la Junta que cancele sus cuentas en las entidades que no sean flexibles

La viceportavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo, presenta las propuestas de su grupo para hacer frente a los desahucios, ayer en Valladolid
La viceportavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo, presenta las propuestas de su grupo para hacer frente a los desahucios, ayer en Valladolidlarazon

Los socialistas vuelven a la carga contra los desahucios y presentan varias iniciativas parlamentarias para pedir a las administraciones que den un paso adelante para frenar una sangría que ha dejado sin casa a más de doce mil familias de Castilla y León en los últimos cinco años.

El PSOE no está conforme con las medidas de urgencia aprobadas tanto por el Gobierno de la nación como por la Junta para hacer frente a este problema social, y advierte de un nuevo repunte de los lanzamientos en los próximos meses debido a los actuales datos del desempleo que presenta nuestra Comunidad. En el PSOE consideran que el Servicio de Apoyo a las Personas en Riesgo de Desahucio no garantiza la interlocución entre los afectados y las entidades, «ya que depende de la voluntad de estas últimas», denuncia la procuradora Ana Redondo. Por ello, reclaman al Gobierno regional que cancele todas las cuentas corrientes que tenga con aquellas entidades financieras que no sean flexibles y sigan ejecutando desahucios.

Además, demandan a la Junta que avale a cada persona que esté en riesgo de perder su casa durante los dos años de moratoria que se han concedido, y no solo a los casos más extremos. El planteamiento de los socialistas es que la sola presencia de la Junta en la negociación sea garantía más que suficiente para disuadir a cajas y bancos de posibles ejecuciones durante esos dos primeros años. El PSOE propone una enmienda a los presupuestos del próximo año para autorizar a la Junta a otorgar dichos avales.

Los socialistas demandan también a la Junta que a su vez pida al Gobierno de España que paralice todos aquellos desahucios instados por entidades financieras que han recibido ayudas públicas, así como que acometa más pronto que tarde la reforma de la Ley Hipotecaria. «Se trata de una batería de medidas que no supondrían coste alguno a la Junta», explicaba Ana Redondo, mientras insistía en la necesidad de que las administraciones den este paso hacia adelante que reclama la sociedad para poner fin a este drama social. Pero también, para poner coto cuanto antes a los daños colaterales que los socialistas han detectado en los últimos días; las denuncias de comunidades de vecinos de que los bancos y las cajas no pagan los gastos de la comunidad de la casa que se han quedado del vecino desahuciado, así como las argucias que utilizan para no pagar, como mantener de titular del inmueble al propio afectado.