El Senado de España aprueba la reforma local con la aportación de la Comunidad

El consejero José Antonio de Santiago-Juárez, saluda, en el Senado, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro
El consejero José Antonio de Santiago-Juárez, saluda, en el Senado, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

Con la aportación decisiva del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera. Así sale adelante, en el Senado de España, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su penúltimo trámite antes de ser remitida al Boletín Oficial del Estado, tras casi dos años de trabajo en las Cortes Generales, y después de que el ministro Montoro, haya asegurado que ha habido que retocar bastante el texto original. Si bien, para los intereses de los castellanos y leoneses, desde la administración castellano y leonesa se reconocía, en la noche de ayer, que se asumen «en torno al 99%» de las demandas que, a través de los parlamentarios del PP, se pusieron sobre la mesa.

De hecho, en las últimas negociaciones de los grupos de la Cámara Alta se recogían aportaciones de calado, como la referida a que las competencias municipales relativas a Sanidad y Servicios Sociales que asuman las autonomías -en el segundo caso, antes de concluir 2015- quedan referenciadas al nuevo modelo de financiación autonómica y de las Haciendas Locales. Asimismo, se da amparo a las casi 3.000 entidades locales menores de Castilla y León, que mantendrán su personalidad jurídica y esa condición legal, de manera que no desaparecerá ninguna, contraviniendo así el discurso del PSOE.

De igual forma, en los últimos compases de la negociación de la norma en el Senado entre los grupos, una mayoría suficiente daba el visto bueno a una mejora, en casi el 100% de los municipios, en las retribuciones de los miembros de las entidades locales, con una modificación en tres tramos especialmente relevantes para Castilla y León.

El de los municipios de entre mil y 5.000 habitantes, cuyo salario no podrá superar sobre la base de lo que cobra un menos 60 por ciento del total que cobra un secretario de Estado. Cuantía que cae a un -55% en los menores de 10.000 censados y a un -50 % en los que van de 10.001 a 20.000 habitantes. Para los de menos de mil, no habrá posibilidad de dedicación exclusiva.

Desde el grupo popular en el Senado, su secretario general, el abulense Antolín Sanz valoró que «no desaparecerá ninguna entidad local y, sobre todo, para que los ayuntamientos puedan ceder competencias, deberá haber voluntariedad». Además, subrayó, se da holgura a los pueblos para que rindan cuentas y se reconoce la labor de los ediles.

Preguntado sobre la compatibilidad de los textos nacional y autonómico, sentenció que «lo son es un 90 por ciento». Y reconoció la mejora lograda, «pero no sólo para Castilla y León, sino para toda España».

Advertencia socialista

Desde el PSOE, Julio Villarrubia, avanzó que solicitará una reunión «inmediata» con el presidente Juan Vicente Herrera, con el fin de cotejar la compatibilidad de esa norma estatal con la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Una interpretación que se hará, dijo, «de buena fe». No obstante, agregó el líder socialista, «en ningún caso, lo adelanto ya, el PSOE va a aceptar ningún recorte en los servicios esenciales a la hora de aplicar lo que recoge la Ley autonómica». Villarrubia traslado a la prensa lo que avanzó en su momento el portavoz del grupo socialista en las Cortes y han anunciado buena parte de las formaciones presentes en las Cortes Generales, que si sale adelante la norma, este jueves -con su último paso por el Congreso de los Diputados-, los socialistas recurrirán ante el Constitucional, a la par que en Castilla y León se exigirá a la Junta que inste a que haga lo propio en defensa de los municipios y de los propios ciudadanos.