Herrera advierte que la Región «no dejará desturir unos mil empleos por capricho»

«Ni España ni Castilla y León pueden darse el capricho de perder 1.000 puestos de trabajo en estos momentos de dificultades económicas». Así de contundente se mostró el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre el cierre de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña.

Por este motivo, vería con muy buenos ojos que se retomaran las negociaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy, que «siempre se ha mostrado muy dispuesto por la continuidad de la central», y las empresas propietarias.

Herrera aseguró que el Ejecutivo autonómico «no mantendrá una postura siliente» y otorgará su «beneplácito» a una decisión «caprichosa» del anterior Gobierno de España, cuando un dictámen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) garantiza la prórroga de su vida útil. Y es que, su cierre su pondría una gran pérdida de riqueza para la zona y para toda nuestra Comunidad.

«Interés general»

Asimismo, indicó que en este asunto «debe preponderar el interés general» y «la lógica», que «no puede ser otro que mantener el empleo para 1.000 familias». El presidente de la Junta además explicó que en la voluntad del Gobierno de España «ha estado disponer de una solución razonable y racial» en esta materia, pero siempre «sin premisas, ni chantajes» por parte de las compañías eléctricas, «con las que mantenemos un diálogo fluido y correcto», pero que «en ocasiones ejercen con presiones la defensa de sus propios intereses».

Eso sí, Juan Vicente Herrera también quiso dejar muy claro que «en el primer momento que haya cualquier reserva» sobre la seguridad de la planta para los ciudadanos y el medio ambiente, el Ejecutivo autonómico «sería el primero que se pondría detrás de la pancarta para solicitar su cierre», pero en la situación actual «entendemos que es un capricho que ni España, ni Castilla y León se puede permitir ante el daño que ocasionaría».

En esta misma línea, el presidente de las Cámaras de Castilal y León y de la de Miranda de Ebro, Fernando Escobillas, calificó de «error» el cierre de Garoña, ya que supondría perder unos 45 millones en contrataciones. Por último, explicó que tampoco «hay alternativas para la colocación de sus 1.000 trabajadores» y se acabaría con un tejido empresarial auxiliar que ha hecho «grandes esfuerzos» de especialización.