La Consejería de Hacienda imputa al Estado cualquier infracción en los planes de Empleo

La Junta de Castilla y León ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra un acuerdo del Consejo de Ministros. En éste se imputa a la Administración de la Comunidad un incumplimiento del derecho de la Unión Europea por no haber realizado los controles en 2007 y 2008 del Programa Operativo de Fomento del Empleo Objetivo 1, con lo que obliga a la devolución de 810.903 euros al Estado.

La Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, sostiene que la Administración de la Comunidad de Castilla y León ha cumplido «estrictamente con sus funciones» en el envio de los datos y entiende que corresponde a los órganos de la Administración General del Estado la responsabilidad última del incumplimiento sancionador y que debe asumir, por tanto, íntegramente el coste de la corrección financiera.

De esa manera y para garantizar la defensa de los derechos e intereses de la Administración de la Comunidad, Del Olmo informa, en una respuesta parlamentaria recogida por Ical, que con fecha de 4 de septiembre de 2015 se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Acuerdo de 5 de junio de este año en el que se impone una sanción a Castilla y León por incumplir un derecho de la Unión Europea.

La Consejería explica que, con carácter previo a la ejecución por la Junta de los controles cuestionados, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) remite al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) la propuesta de gastos a cofinanciar por la Comisión Europea correspondiente a la anualidad anterior, que debe enviar a la Unidad Administradora del FSE (Uafse) para su traslado a la Comisión Europea. Según la misma explicación, la declaración de gastos remitida a la Comisión Europea constituye la población sobre la que se va a obtener la muestra de los controles a realizar por la Junta de Castilla y León, de la que se debe dar traslado por la Uafse a la Oficina Nacional de Auditoria (ONA) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). En este proceso administrativo, es la IGAE la encargada de efectuar el muestreo, identificar los controles financieros que se deben realizar y de comunicarlo a la Intervención General de la Comunidad Autónoma para su ejecución. Sin embargo, la Junta alega imposibilidad para esa ejecución por la falta de disponibilidad de los datos correspondientes a los gastos de 2007 y 2008 certificados para el desarrollo de este Plan.