La jueza pide la intervención del autobús para evitar que se manipulen pruebas

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha solicitado la intervención judicial del autobús en el que fallecieron nueve personas el pasado lunes en la sierra abulense de La Paramera, para que sea custodiado durante el proceso de instrucción y evitar así que «se destruyan o manipulen pruebas».

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Tsjcyl), la magistrado también ha adoptado esa decisión para estudiar «el estado mecánico del vehículo» después de que el conductor, R.G.F. de 54 años, declarara el mismo día del accidente, en sede judicial, haber escuchado «un golpe en la parte trasera». Hasta el momento, en el proceso de instrucción del caso se ha personado la compañía aseguradora del vehículo accidentado en el kilómetro 123 de la N-403 (Adanero-Toledo).

Por su parte, el fiscal presente en la declaración de R.G.F. señaló que lo que afirmó a la jueza el conductor «no resta validez» a la que efectuó en el lugar de los hechos a la Guardia Civil, cuando comentó que «pudo quedarse dormido».

El fiscal Óscar Barrios coincide con la postura del fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, quien en el mismo sentido apuntó esa manifestación inicial podrá ser «tenida en cuenta, pero no como declaración», sino como «manifestación espontánea».

En este sentido, Óscar Barrios afirmó que las manifestaciones realizadas por el chófer deberán ser incorporadas a las diligencias, ya que figuran en el atestado de la Benemérita, uno de cuyos agentes recogió sus palabras en el lugar del siniestro, sin que haya podido precisar si había más testigos que lo escucharon, informa Efe.

Según el fiscal, la declaración se prolongó cerca de dos horas en las que el conductor, que estaba «abatido», realizó un relato de lo hechos mostrando un «conocimiento» de lo que estaba diciendo y teniendo «claro que el primer golpe fue en la parte trasera». Además, Óscar Barrios declaró que esperará hasta mañana para comprobar si el Instituto Armado completa el informe técnico que «aclare cómo se pudo producir el accidente».

Por último, el abogado defensor de R.G.F. afirmó que «no hay un dato razonable para imputar la responsabilidad al conductor» y quiso dejar claro que «no se quedó dormido».