Castilla y León

La Junta moviliza a decenas de inspectores para seguridad del consumidor en rebajas

«El comercio conoce bien sus obligaciones», dice Irene Núñez, directora general de Consumo

Dos clientes comprueban el precio de un vestido en un gran establecimiento comercial de nuestra Comunidad
Dos clientes comprueban el precio de un vestido en un gran establecimiento comercial de nuestra Comunidadlarazon

Con el arranque de la campaña veraniega de rebajas, el Gobierno regional moviliza también hasta septiembre a sus 36 inspectores de Consumo para que garanticen la seguridad de los clientes y defiendan los derechos de los consumidores a una información veraz de los productos.

Aunque las rebajas no son como las de antes ya que están desestacionalizadas, el trabajo de los inspectores se intensifica estos meses de verano, especialmente en los municipios de alta ocupación e interés turístico., por el aumento significativo de las ventas. Su trabajo se centra principalmente en inspeccionar el envoltorio del producto, en la información que se ofrece de su venta, y aunque actúan todo el año de oficio. También comprueban el etiquetado de los artículos; y que los productos ofrecidos no estén deteriorados; verifican que se facilita garantía, y que la información y publicidad, no induce a error al consumidor; y vigilan los medios de pago.

En los últimos cinco años estas actuaciones apenas han dado lugar a 71 multas a establecimientos comerciales, por infracciones, con un montante global de 16.818 euros, según datos facilitados por la agencia Ical.

La directora general de Comercio y Consumo, Irene Núñez, destaca que esta cifra tan baja de sanciones se debe a que el sector del comercio conoce muy bien sus obligaciones y ha mejorado mucho en los últimos años. «Podemos decir con tranquilidad que el comercio trabaja muy bien y el cliente está por lo general bien informado», señala, en declaraciones a Ical.

Las infracciones o irregularidades más habituales detectadas por los inspectores en los últimos años tienen que ver con la ausencia de información a los consumidores sobre el precio de venta al público de los productos y artículos ofrecidos, la falta de hojas de reclamaciones en el establecimiento; la negativa a la entrega del justificante de compra al consumidor o ausencia de éste; la información o publicidad falsa o errónea de los productos a la venta; o la política de cambios y devoluciones de los establecimientos.