Las personas con discapacidad accederán al mercado laboral ordinario con técnicos de apoyo

La integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral regular está cada día más cerca. Así se despremde del anunció que realizó el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, durante la celebración del XVII Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo, donde destacó que la Junta pondrá en funcionamiento a principios de 2020 una medida que favorecerá la contratación de técnicos de apoyo en empresas.

La iniciativa, que se deberá realizar mediante entidades sin ánimo de lucro, fundaciones o asociaciones se sumaá a un nuevo marco para la inclusión del colectivo en el empleo regular mediante la subvención de contratos indefinidos, la transformación de los temporales en indefinidos y el tránsito de los centros especiales al mercado ordinario.

Según las cifras que aportó Barrios, en Castilla y León hay 225 centros especiales de empleo que dan trabajo a más de 5.650 personas y que a principios de alo contaron con un presupuesto de 22 millones, que en el suplemento de convocatoria del próximo mes aumentarán hasta los 28 para financiar el 55 por ciento del salario mínimo interprofesional de estos trabajadores e implementar un complemento salarial del 80 por ciento para personas con especial dificultad de acceso al mercado laboral.

En este sentido, presumió de la reserva del 10 por ciento del empleo público para este colectivo cuando «la media en España es del 7 por ciento» y elogió la labor de los centros especiales de empleo que, según reconoció, «son los primeros que les dan una oportunidad para que puedan poner en marcha un proyecto de vida».

Además, apuntó que el Ejecutivo autonómico lleva a cabo una «política integral en favor del trabajo de las personas con discapacidad y de respaldo a estos centros» así como «las unidades de apoyo, es decir, la contratación de más trabajadores para que ayuden en los centros».

Por su parte, el presidente de la Confederación Naconal de Centros Especiales de Empleo, Ángel Luis González Olivares, puso de relieve la necesidad de «dar a conocer la realidad de supervivencia de los centros especiales de empleo que están diferenciando a las personas con discapacidad en función del contexto en el que están trabajando», es decir, «los centros de iniciativa social y los de iniciativa laboral».

Una diferenciación que, según explicó González Olivares, afecta principalmente a los contratos reservados en el sector público, «que no pueden licitar por su definición», así como al convenio colectivo, «con una discriminación en toda regla porque en función del contexto profesional habrá unas características que marcarán».

Para el presidente de Conacee, esta situación «afecta a la competitividad y a las oportunidades», por lo que pidió «ser escuchados» para «poder buscar soluciones». A esta situación se suma «la diferenciación de la equiparación de las incapacidades permanentes totales con la discapacidad».