Más garantías para nuestros emigrantes

El Gobierno Herrera dio luz verde al proyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior. Una ambiciosa norma que deroga a la que hace casi tres décadas -en 1986- aprobaba la ordenación de las casas regionales de la Comunidad, y que va a permitir garantizar los derechos de quienes en su día dejaron su lugar de origen en alguna de las nueve provincias para labrarse un futuro, a la par que les dará múltiples facilidades para el retorno. El texto, que se dirige especialmente a los 145.968 castellanos y leoneses que residían en el extranjero a principios de este año, para los que la Junta de Castilla y León ya dispensa servicios concretos en el ámbito de la salud o la enseñanza, pero que compromete un blindaje, a partir del desarrollo de los artículos 7 y 9 del Estatuto de Autonomía, de aquéllos.

Así lo detalló el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien avanzó que son cinco los títulos de que consta este texto, cuya tramitación en las Cortes arranca ahora, y que determinan el reconocimiento al origen castellano y leonés de quienes han nacido en la Comunidad o han residido en ella durante al menos diez años, así como a sus descendientes, y apunta a las facilidades que deben prestarse a la participación efectiva en las cuestiones ligadas a la vida pública y política autonómica. De igual forma, el texto, reconoce el derecho a la salud, a la asistencia social y la igualdad de oportunidades de los beneficiarios, al igual que sitúa como capitales la promoción del acceso a la educación, el empleo y la participación juvenil.

El segundo título se refiere a otro de los objetivos prioritarios de la nueva norma: facilitar el retorno a Castilla y León y su integración social y laboral en ella a quien lo desee. En este caso, no exige el requisito de residencia previa mínima a los retornados para acceder a prestaciones y servicios cuyo fin sea la integración socioeconómica, educativa o cultural.

Para ello, avanzó que se desplegarán oficinas de asesoramiento y la creación de un órgano autonómico que coordinará la participación e información en este asunto, con la presencia en el mismo de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y el colectivo de emigrantes retornados.

Participación

De Santiago-Juárez apuntó también que la norma invita a participar de manera efectiva en los asuntos de Comunidad, como los procesos electorales, pero también incorpora el derecho a presentar iniciativas legislativas en las Cortes. «El objetivo de la norma es convertir en federaciones a las diversas casas regionales de Castilla y León y evitar la dispersión de entidades», remarcó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en referencia a las 133 comunidades existentes en la actualidad, de las que algo más de un centenar se encuentran en España y 31 en el extranjero. «Aquí también, la unión hace la fuerza», reflexionó. Preguntado sobre la posibilidad de que dada la cada vez mayor salida de españoles al exterior en busca de trabajo, como consecuencia de la crisis, exista la posibilidad de que surjan nuevas agrupaciones, consideró que «el movimiento asociativo parte de la sociedad, si hay necesidades».

El documento reconoce como comunidades castellanas y leonesas en el exterior a asociaciones legalmente reconocidas con el propósito de mantener lazos culturales, sociales e identitarios con Castilla y León, sus gentes, culturas e historia, y persigue ser un canal de colaboración con los poderes públicos, además de un cauce de información y asesoramiento para el ejercicio de derechos, al igual que una vía para acceder a programas de carácter social, educativo o cultural.

El consejero recordó también que la norma crea un Registro de la Ciudadanía Castellana y Leonesa de origen y de los ciudadanos retornados que, de manera voluntaria, soliciten inscribirse.

Igualmente, manifestó que este proyecto de ley es «muy participado socialmente», fruto del «acuerdo, las aportaciones y las críticas» de todas las comunidades en el exterior y de los miembros del Consejo de la Emigración de Castilla y León, y parte del Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía en el Exterior 2009-2012.

En la actualidad, el país que más castellanos y leoneses alberga es Argentina, con 45.344; seguida por Brasil, con 6.541; Cuba, con 6.285; y México, con 6.292. A la presencia en la América Hispana, le sigue en importancia la referida a la Europa de la Unión.

Otros acuerdos

Del resto de expedientes aprobados ayer en la junta semanal de consejeros destaca el planteado por la Consejería de Cultura y Turismo, por el que se dio el visto bueno a una aportación de 1,1 millones de euros para la celebración de «Credo», la XVIII exposición de Las Edades del Hombre, que se celebra en Arévalo a partir del día 21 de este mes.

De igual manera, se han previsto 798.400 euros para financiar programas dirigidos a proteger, atender e insertar social y laboralmente a menores y jóvenes procedentes del sistema de protección o que hayan cumplido alguna medida judicial. Sólo durante el pasado ejercicio se beneficiaron de estas soluciones 2.000 menores en Castilla y León.

Más de 714.000 euros se aprobaron para afrontar tratamientos selvícolas forestales de conservación de bosques en las zonas de Aliste, Villardeciervos y Baja Sanabria, en Zamora.