Castilla y León
Piden más recursos para garantizar los tratamientos frente a la ludopatía
El Congreso Nacional de Jugadores Rehabilitados advierte también sobre el juego «on line»
Más recursos económicos a las asociaciones que trabajan en el ámbito de las ludopatías para garantizar la eficacia de los tratamientos; que se avance en la investigación y formación de los profesionales; continuar con el estudio de las patologías asociadas a la ludopatía, entre las que aparecen desde problemas de adicción a sustancias y cuadros depresivos; que se aplique de una vez por todas un régimen sancionador sobre la publicidad del juego; y una mayor atención al juego «on line» o que no se utilice a personajes públicos de renombre para hacer campaña por el juego on line o las apuestas.
Estas son las principales conclusiones que se han extraído del Congreso Nacional de Jugadores Rehabilitados que se celebraba en Valladolid desde el pasado viernes bajo el lema «Nuevas formas de jugar, viejas formas de perder», con la participación de más de trescientas personas, muchos de ellos expertos en el tratamiento de adicciones como el psiquiatra Blas Bombín, fundador de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid.
Desde las asociaciones de jugadores rehabilitados, se advierte de que la ludopatía es un problema social creciente que afecta tanto a hombres como a mujeres y de todas las edades, y alertan de que cada vez son más los jóvenes de entre 18 y 20 años los adictos al juego, principalmente al que se juega en internet on line y las casas de apuestas.
Plan de prevención
Un tipo de juego que preocupa porque se hace en casa, en la soledad con la facilidad de que se puede acceder con un móvil, y es muy complicado detectar.
También reclaman para esta Comunidad la puesta en marcha de un plan de prevención contra las ludopatías, que haya un mayor apoyo institucional a las asociaciones que trabajan con los afectados y familias y que se incluye la ludopatía en el Plan de Drogodependencias de Castilla y León para acabar con la indefinición de competencias entre las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad.
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