Populares y socialistas llegan a un acuerdo para mejorar la Renta de Ciudadanía

Ambas formaciones políticas plantean reforzar esta prestación de apoyo a personas con dificultades en las Cortes regionales.

Populares y Socialistas llegan a un acuerdo. El motivo de la confluencia fue la propuesta de un servicio especializado de asesoramiento, información, orientación profesional y de tramitación de quejas y reclamaciones en relación con la Renta de Ciudadanía, que se recoge en el Estatuto de Autonomía como un derecho subjetivo en Castilla y León.

Además, quieren que en su seguimiento y control se cuente con los instrumentos jurídicos del Procurador del Común, idea a la que se suma Podemos, mientras que el PSOE no se queda ahí y plantea la creación del Defensor de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Éstas son algunas de las propuestas presentadas por los tres grupos como enmiendas al Decreto-Ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, convalidado por las Cortes el pasado mes de mayo y tramitado ahora como proyecto de ley.

La Junta remitió a las Cortes el Decreto-Ley con las recomendaciones del Diálogo Social y del Procurador del Común para que la renta de ciudadanía sea compatible y complemente otras ayudas, como el subsidio por desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción, Programa de activación para el Empleo, Programa Personal de Integración y Empleo o Programa de Recualificación Profesional, siempre que no se llegue a los 426 euros.

Por otro lado, se flexibilizan y rebajan requisitos para el acceso a las prestaciones, en especial las relativas al cómputo de ingresos, bienes y patrimonio de los solicitantes y se reconoce que cuando se prevea un plazo superior al mes para dictar y notificar la resolución, el devengo será desde el día siguiente al cumplimiento de dicho periodo.

Entre sus ocho enmiendas, el PP defiende la facilitación a los posibles perceptores del conocimiento y acceso a la prestación. Así, propone que en cada provincia se ofrecezca un servicio especializado de información, asesoramiento y orientación profesional.

Plazo y flexibilidad

La oposición socialista fija un plazo de 30 días para resolver la solicitud y pagar la prestación, pide a la Junta que impulse un sistema para actualizar la renta dado que el IPREM no se ha incrementado desde la entrada en vigor de esta prestación y aboga por que se notifique al solicitante la causa en caso de que sea denegada, para que «no opere el silencio administrativo, que sólo causa confusión».

También, pide que se abra el abanico de posibles beneficiarios a las unidades familiares o de convivencia, a personas que vivan solas de manera autónoma e independiente y las que convivan con otras en el mismo domicilio sin tener vínculos de parentesco, con lo que busca que la norma se ajuste a las nuevas situaciones que tienen las familias generada por la crisis. Así como que se flexibilicen los requisitos de documentación y de acreditación que deben aportar los extranjeros.