Los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León coinciden en señalar, en la víspera del 38 aniversario de la aprobación de la Constitución Española, en que ya es el momento de abordar su reforma para adaptarla a los nuevos tiempos, pero siempre desde el mismo consenso que se alcanzó en 1978.

Los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León coinciden en señalar, en la víspera del 38 aniversario de la aprobación de la Constitución Española, en que ya es el momento de abordar su reforma para adaptarla a los nuevos tiempos, pero siempre desde el mismo consenso que se alcanzó en 1978. En es sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Sanz Vitorio, reconoció a Ical la necesidad de reformar la Carta Magna que ha supuesto un espacio de «encuentro, convivencia, de desarrollo sin precedentes y de mejora de la calidad de vida». «Sí creo que se puede reformar, pero hay que saber para qué», sostuvo.

El portavoz popular aseguró que esa reforma tiene que tener como objetivo fundamental la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y «nunca» puede hacerse para dar solución a “un territorio en concreto” en detrimento del resto. Además, insistió en la necesidad de que se acuerde para qué hay que reformarla y, en todo caso, ha de hacerse con un consenso que «no es fácil en estos momentos». A su juicio, es imprescindible que en este acuerdo estén PP y PSOE y luego será necesario que se cuente, además, con el más amplio respaldo. «Si no hay el acuerdo del 78, sería imposible».

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, señaló que el momento de la modificación «llegó hace mucho» pero algunos la han «sacralizado y petrificado», cuando las constituciones más fuertes son las que «se van adaptando a los tiempos».

«Querer a la Constitución es adaptarla y modernizarla en los derechos y libertades y en la protección social. Las reformas constitucionales son necesarias siempre hacerlas con el máximo consenso», sostuvo.

Además, el portavoz socialista confió en que ahora, con la nueva configuración del Parlamento, sea el momento de abordar esta reforma que ha de hacerse, dijo, con consenso como en 1978 cuando el momento era más convulso que el de ahora, dijo. Los cambios deben suponer nuevos derechos sociales, para blindarlos a través de un suelo social, para establecer la garantía de un gasto público en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Pablo Fernández, «es indiscutible que hay que modificar la Constitución». A su juicio, la carta magna tiene que «ensanchar sus marcos para que quepa todo el país». En primer lugar, el texto tiene que blindar derechos sociales como la vivienda, educación, sanidad y servicios sociales como derechos fundamentales porque, hasta ahora, muchos están considerados como principios rectores y no como derechos fundamentales.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, remarcó que la Constitución ha supuesto la mayor garantía de libertades para todos los españoles, en un periodo en el que más ha crecido la democracia, los derechos sociales y económicos de la historia de España, si bien reconoció que es necesario «adecuarla» a las «necesidades actuales y los nuevos retos».

Mientras, el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, vio con preocupación un posible anuncio de reforma porque la última que se realizó bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del PP, fue para «entregar a nuestro país a los bancos».