Primeras demandas judiciales para pedir a Volkswagen el cambio de coches trucados

El representante en Castilla y León de Apdef, Carlos Martín, anima a los usuarios afectados a querellarse contra la multinacional alemana por «engaño» e incumplir la normativa europea

El representante de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras en Castilla y León, Carlos Martín
El representante de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras en Castilla y León, Carlos Martín

La pasada semana comenzaron a registrarse en los juzgados de Castilla y León las primeras demandas para reclamar a la multinacional alemana Volkswagen, responsabilidades por el escándalo de los motores diesel y el fraude en el control de los gases contaminantes. La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef) ya ha mantenido distintas reuniones con afectados en la Comunidad para informarles de los pasos a dar en lo que consideran un «nuevo engaño al consumidor».

El representante en la Región, Carlos Martín, espeta en declaraciones a LA RAZÓN, que «los conductores tienen derecho a reclamar el importe de la reclamación del vehículo y solicitar una indemnización por daños y perjuicios e incluso requerir la rescisión del contrato de compraventa del vehículo».

Por ello indica que desde la asociación ya se están presentando demandas individuales -por que el tiempo de demora, de seis meses en que dicta el auto el juez, es muy inferior al presentar una de carácter colectivo- y que lo están realizando en tres modalidades distintas.

Tres tipos de demandas

Una primera que afectaría a todos aquellos vehículos con una antigüedad menor de tres años. Para estos afectados se reclamará un coche nuevo, de iguales similares características al comprado, y sin cargo alguno. Por ello, alerta a aquellas personas que estén a punto de superar este periodo a que se pongan en movimiento cuanto antes.

Un segundo caso afectaría a los coches con más de tres años. En este caso, se reclama la rescisión del contrato de compraventa, una indemnización por el valor que tendría el vehículo en estos momentos, a lo que habría que sumar un 30 por ciento a mayores. «Con ello se recuperaría el 90 por ciento del gasto en su día», manifiesta Martín. Y una tercera vía sería la de reclamar daños y perjuicios a la compañía automovilística.

Además, desde la Apdef se ha presentado una querella criminal contra el consorcio alemán, Seat y 24 de sus máximos directivos por «publicidad engañosa sobre las características contaminantes de sus vehículos, al señalar que se cumplía con la normativa europea de emisiones y que estos automóviles serían eficientes desde el punto de vista contaminante».

Para Carlos Martín, la normativa del consumidor es clara. «Ante un engaño de estas características no cabe reparación y sustitución ya que se modificaría las características del artículo comprado y que derivaría o en un aumento en el consumo de carburantres o en la disminución de la potencia».

Y es que son miles los afectados en Castilla y León. Según datos ofrecidos por la firma automovilística sólo en España existen casi 685.000 vehículos de las marcas Audi, Skoda, Seat y Volkswagen «trucados», al utlizar un software para falsear las emisiones contaminantes de los modelos diésel.

«Urge que la gente reaccione ante este nuevo abuso y es un proceso en que la reclamación se puede ganar», ya que en su opinión «la justicia está del lado del consumidor en asuntos de esta clase».

Martín también añade que desde Apdef se va a defender los intereses de aquellos accionistas castellano y leoneses que se encuentren en posesión de acciones de la marca, siempre que hayan sido compradas en los últimos cinco años, En este caso, la demandas se presentaría ante los tribunales alemanes y los accionistas reclamarían daños y perjuicios a la empresa por la pérdida de valor de la compañía en la Bolsa.

«Los bancos vuelven a ofrecer productos de alto riesgo»

Paricipaciones preferentes y obligaciones subordinadas, cláusulas suelo, bonos convertibles, productos estructuraods... Así hasta un total de 52 referencias bancarias «tóxicas» que las entidades han venido ofreciendo en los últimos años a los consumidores y que les ha dejado con una merma de sus ahorros considerable. Y es que, en estos momentos, «vuelven a ofrecer productos complejos y de alto riesgo». Actualmente la asociación acumula 9.300 procedimientos en los juzgados por valor de 115 millones y ya ha recuperado 40 millones con cerca de 1.300 casos favorables. En Castilla y León ya se han fallado 300 sentencias a favor de accionistas de Bankia en las provincias de Ávila y Segovia y ocurre otro tanto con las participaciones preferentes del Banco Ceiss, en Valladolid, Salamanca, Zamora y León.