Refuerzo a la protección social para no dejar fuera a nadie que lo necesite

Las Cortes regionales aprobaron ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el proyecto de Ley de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.

Las Cortes regionales aprobaron ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el proyecto de Ley de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.

Una norma que permitirá que las medidas de protección social que incluye -pactadas en el Diálogo Social- perduren en el tiempo y den estabilidad para que nadie que lo necesite se quede fuera. Objetivo: procurar la plena inclusión social de las personas que se encuentran en situación de extrema gravedad mediante el refuerzo de la cobertura y garantizando las necesidades básicas de subsistencia de las familias en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis económica de los últimos años.

La normativa recoge algunas novedades como la compatibilidad entre prestaciones y ayudas de la red con otros subsidios por desempleo. Así, por ejemplo, una persona que ingrese al mes, ya sea por estar en paro, por incapacidad temporal, por maternidad o paternidad e incluso por hijo a cargo, en el caso de que el causante de la situación sea el hijo, una cuantía inferior a lo que percibiría si recibiera la Renta Garantizada de Ciudadanía, verá complementado sus ingresos.

La ley recoge también la puesta en marcha de varios programas destinados a la plena inclusión, como el de activación para el empleo, el de recualificación profesional o el de integración y empleo. Igualmente, la normativa flexibiliza el acceso de los más desfavorecidos a las prestaciones, acorta los plazos de las resoluciones administrativas e introduce nuevas excepciones a la hora de computar rentas y patrimonio. Por ejemplo, cuando para el reconocimiento de las ayudas haya que tener en cuenta los rendimientos de trabajo por cuenta propia, y estos fueran inferiores al 50 por ciento del importe base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe. O cuando se tenga en cuenta el patrimonio, se computará el 50 por ciento de un bien inmueble urbano cuyo valor sea inferior a 12.000 euros, y se exceptuarán del cómputo en bienes rústicos de poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

Asimismo, la Renta de Ciudadanía producirá efectos económicos al beneficiario al mes de ser aprobada y le permitirá salir de la Comunidad hasta tres veces al año por un periodo de 45 días naturales sin dejar de cobrarla. «A pesar de que los indicadores de pobreza muestran una mejoría de la situación económica y del empleo, todavía quedan personas y familias que lo están pasando mal y hay que seguir trabajando para que nadie se quede fuera de la recuperación», señalaba la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, para quien esta normativa ampliará también los derechos de las personas, y consolidará las prestaciones que integran la Red de Protección a las Familias de Castilla y León. La Ley tendrá un coste de 14 millones de euros y según la Junta podría incrementar en 8.000 los beneficiarios de la misma.

Pese al apoyo unánime a la norma, durante el debate parlamentario los populares defendían que esta Ley mejorará y reforzará esta Red, mientras que socialistas ponían el acento en la necesidad de actualizar las cuantías de la Renta de Ciudadanía. Desde Podemos advertían de que aún habrá personas que se queden fuera mientras no se analice caso por caso, y en Ciudadanos insistían en que lo más importante es que haya voluntad de cumplir la Ley.