«Se debe emplear más el potencial de las personas con discapacidad»

«Pasado, presente y futuro de la integración laboral de personas con discapacidad». Bajo este título, representantes de la administración, instituciones y asociaciones del Tercer Sector de la Comunidad participaban en un Encuentro de LA RAZÓN Castilla y León, patrocinado por Clece y la Consejería de Empleo, y celebrado en el Hotel Silken Juan de Austria de la capital vallisoletana.

Moderada por el periodista Juan Delgado, la mesa redonda contaba con la participación del jefe de Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas, José María Martínez Redondo; el vicepresidente de Conacee, Juan José Laguna Pedraza; Gregorio García, presidente de Aceecyl; Francisco Sardón, presidente de Predif; Begoña Grijalvo, directora territorial de Inserta Empleo; Pablo Sánchez, director-gerente de Fundación Intra y Jesús Martínez-Sagarra González, coordinador técnico de Feacem.

A lo largo de dos intensas horas se analizaban los pasos dados en los últimos años, el presente actual y los retos de futuro. Y todos ellos se mostraban de acuerdo en dos ideas básicas: en la actualidad el colectivo es más visible, existe una mayor sensibilidad -aunque todavía queda mucho camino por recorrer; y, por otra parte, que son numerosas las empresas -se cifra en un porcentaje del 80 por ciento- que no han dado el paso aún de incoporar a sus plantillas personas con algún tipo de discapacidad.

Lo que no hay duda es que el avance ha sido tremendo en los últimos 25 años. Martínez Redondo apuntaba que en 1995 existían en la Comunidad 47 Centros Especiales de Empleo (CEE), que daban trabajo a unas 770 personas. Unas cifras que se han multiplicado por cinco, con 225 centros y 5.650 empleos, ahora.

A colación salía la nueva Ley de Contratos del sector público, donde todos los ponentes subrayaban que se trata de una gran oportunidad para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad, según señalaba Begoña Grijalvo. «El hecho de que se obligue a las empresas que deben cumplir una reserva del 2 por ciento de puestos para acceder a contratos públicos se ha notado mucho y eso ha creado oportunidades de empleo. Hemos pasado de una media de 300 a 800 contratos», aunque recalcaba en todo momento en que hay que trabajar más de la mano con el tejido empresarial.

Pero es que todavía hoy son numerosas las empresas que desconocen los mecanismos, o si los conocen no quieren, incorporar personas con discapacidad a sus plantillas. El dato es evidente: «El 80 por ciento de las empresas no se aprovechan del talento de 10 por ciento de la población», apuntaba Juan José Laguna.

Para Pablo Goméz se hace imprescindible importar experiencias que se llevan a cabo como en Alemania, donde aquellas industrias que no incorporan personas con discapacidad, realizan una aportación económica para mejorar las políticas activas de empleo del país.

Lo que no cabe duda es que estos Centros Especiales de Empleo han sido y son un modelo de éxito, como destacaban todos, y que el trabajo que se ha desarrollado en la Comunidad es un ejemplo a nivel estatal. «Somos una isla en todo el concepto. Castilla y León no destruyó empleo en el colectivo durante la crisis», afirma Francisco Sardón, durante este encuentro impulsado por Clece y la Junta.

¿Pero cuáles son las razones por la que la empresa ordinaria no accede a dar una oportunidad a este colectivo? «Desconocimiento, recelo o que su actividad productiva se lo impide», indicaba el vicepresidente de Conacee, a lo que Francisco Sardón añade que existe aún una «barrera mental, una visión o imaginario que no se ha cambiado». «Son estereotipos que no se les quita o te piden cubrir puestos de baja cualificación», apunta Begoña Grijalvo. Es por ello, según incidían los presentes, que se hace necesario que se promuevan encuentros y foros de acercamientos entre la empresa privada y los CEE para que se vaya limando esa «imagen que a día de hoy todavía no es positiva».

«Hay que enseñar a las empresas que están perdiendo competitividad, por que se puede incorporar valor y talento con estas personas. Estamos dejando de lado un 10 por ciento de la discapacidad y eso además, supone un menor coste para la empresa», afirmaba Juan José Laguna.

Para Gregorio García uno de los grandes problemas es el «desconocimiento que tienen de nosotros tanto el empresariado como los políticos», por lo que ve necesario tener más encuentros entre instituciones del Tercer Sector «y plantear soluciones concretas a problemas concretos». En el foro García planteaba también la posibilidad de que los CEE fueran una especie de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de la discapacidad para situar en el mercado ordinario a personas «para que los empresarios conozcan sus capacidades. Sería una manera de integrarlas de manera natural. Abriríamos el abanico a más de 70.000 personas con discapacidad en toda España». En este punto, Martínez-Sagarra indicaba que se hace más necesario que nunca realizar «foros personalizados de empleo, y ofrecer al empresariado herramientas suficientes para que no esté solo».

«Lo que está claro es que el Centro Especial de Empleo debe ser competitivo, y si se sigue manteniendo es que funciona como una empresa, que tiene sus beneficios. Hay que ser realistas», ahondaba Francisco Sardón, que tiene claro que no va a haber un alto porcentaje de personas con discapacidad que se incorporen a las empresas privadas en el futuro, por lo que apuesta por que los CEE trabajen como prestadores de servicios y generen oportunidades a las pymes por su propia actividad. Al igual que Gregorio García, el presidente de Predif lamentaba el desconocimiento de los políticos que «agarran iniciativas idealistas que luego no son susceptibles de poner en marcha».

Existe un reto fundamental, en el que están de acuerdo todos los ponentes: el sector debe aunar más esfuerzos con las empresas privadas. «Nos tienen que ver como un apoyo y no como una amenaza, por que hemos comenzado a meternos en algunos sectores. Hay que acercar posturas, buscar alianzas y ser más competitivos», declaraba Sardón, a lo que a lo que Martínez Redondo apuntaba que «la aplicación de algunas directivas comunitarias europeas está obligando a la realización de nuevas actuaciones en materia medioambiental y de gestión de residuos, muchas de ellas de competencia muncipal, lo que abre el campo a la colaboración en estos sectores». Para el responsable de la Consejería de Empleo, desde la Junta se está apoyando en los últimos años con incentivos económicos destinados a la incentivación del empleo de las personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción laboral».

Pero también existe preocupación en el sector por los «nubarrones» que acechan. El más preocupante es la subida del Salarío Mínimo Interprofesional (SMI) que pone en peligro la viabilidad de estos centros. «Se ha hecho sin consultarnos», lamentaba el presidente de Aceecyl y «eso conlleva la pérdida de puestos de empleo. A ello súmale la subida del precio del papel, el plástico... Es decir los gastos aumentan un 30 por ciento. Y trasladas este aumento al cliente, que en la mayoría de los casos no se puede, o pierdes dinero».

Sardón indicaba que se trata de una «medida populista sin hablar con nosotros», y que los efectos son «contraproducentes». Si subes sueldos, destruyes empleo». Laguna corroboraba esta visión aduciendo que «al cliente privado le puedes subir los costes pero al público no puedes y al final la fiesta la pagas tú, aunque se corre el peligro de que el propio cliente pueda pensar que sea más barato hacer la inversión que contratar». Es por ello, que todos aplaudieron el buen ejemplo que se desarrolla en este ámbito en Castilla y León «donde estamos acostumbrados a dialogarlo todo con la administración», en este foro organizado por Clece y la Junta. «Y lo preocupante es que esto es sólo el principio. De aquí a unos años llegará a unos 1.060 euros. Y a ello hay que sumar que el desconocimiento de Europa con lo que sucede en los países es absoluto», afirmaba Pablo Sánchez.