Sentencia pionera en Valladolid contra Banco Popular que abre la puerta a miles de reclamaciones de accionistas

La entidad tendrá que devolver a un inversor y ex empleado 40.676 euros que compró en acciones en 2010, 2011 y 2012, antes de la polémica ampliación de 2016

La RazónLa Razón

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid ha dictado una sentencia pionera en España contra Banco Popular que, además, y para más inri, beneficia a un ex empleado de la entidad financiera que reclamó. Un inversor vallisoletano que, según el fallo, podrá recuperar los 40.676 euros en acciones que adquirió de la entidad no solo en la polémica ampliación de capital de 2016, ya resuelta, en la que los accionistas vieron como su inversión se volatilizaba y cómo la entidad era absorbida por Banco Santander por un solo euro, sino también en los años 2010, 2011 y 2012, que es la principal novedad de esta resolución judicial, que ahora abre la puerta a miles de demandas por parte de otros tantos accionistas. La sentencia emitida en este juzgado de Valladolid por el magistrado Ignacio Martín Verona deja claro que la información que Banco Popular venía facilitando desde 2010 respecto a su situación patrimonial, no era correcta, y que los datos contables y financieros recogidos tampoco respondían a la realidad de la entidad.

Contabilidad ficticia

En este sentido, la sentencia judicial hace especial hincapié en que si el inversor hubiera conocido la situación exacta de la contabilidad de Banco Popular éste «difícilmente» hubiera suscrito acciones del mismo. Por todo ello, el Juzgado ha acordado la nulidad de las acciones que compró el x empleado de la entidad y ha condenado a Banco Popular a devolver al demandante los importes de las mismas.

«Una cosa es que la inversión que el cliente realice tenga riesgo, que ya se sabe, y otra muy distinta es que, dada la real situación del Banco Popular, ocultada desde la propia entidad, la inversión esté abocada a una pérdida segura», señalan a LA RAZÓN desde el despacho Vidau Abogados que han llevado este caso en defensa del demandante.

Asimismo, insisten en que la entidad no contó la verdad sobre su «deficitaria y ficticia solvencia» mucho antes de la ampliación de capital de 2016, y que intentó colocar acciones para ocultar su situación real y poder evitar un posible rescate como le ocurrió a otras entidades como Bankia. Finalmente, advierten de que los informes periciales que tienen sobre los estados contables y financieros «pueden poner en jaque al banco».