Solicitan que Martínez Pujalte acuda a declarar a las Cortes por la trama eólica

Tudanca exige también la rectificación del PP tras la denuncia de la Fiscalía por falsedad y cohecho

La comparecencia del exdiputado popular, Vicente Martínez Pujalte, en la comisión de investigación de la supuesta trama eólica. Eso es lo que solicitaron los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos después de la denuncia de la Fiscalía por delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho que habría cometido Pujalte por los pagos recibidos de la empresa Collosa.

El portavoz de los socialistas en las Cortes, Luis Tudanca, recordó que su partido ya pidió en su día las comparecencias de Federico Trillo y Martínez Pujalte en la comisión de la trama eólica pero que fueron denegadas por el PP. «Las rechazó con el argumento de que el PSOE quería bloquear la comisión y ahora se ha demostrado que teníamos razón al solicitar la presencia de esas personas y de otros responsables populares», manifestó.

Ante esta situación, Tudanca aseveró que el Partido Popular «haría bien en rectificar» y aceptar esa petición de comparecencia de Martínez Pujalte. Además, aprovechó su intervención, tras la Junta de Portavoces, para exigir que la primera comparecencia en este órgano sea la del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, «por honradez, dignidad y respeto a los castellanos y leoneses» en la comisión de la supuesta trama eólica que, precisó, se ha escondido tras el PP.

Centro de Arroyo

Por otro lado, el Gobierno regional ha abierto una investigación interna sobre el diseño y adquisicióndel edificio que alberga el Centro de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Además, el Ejecutivo, que ha enviado «todos y cada uno» de los expedientes relacionados con el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital vallisoletana, evalúa personarse como acusación particular si detecta daño al patrimonio público.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Rosa Valdeón, desveló que la Junta está analizando los expedientes trasladados al juzgado para determinar si se cometió algún «error» administrativo, que no tenga relevancia para el juez, pero que sea de interés para la Administración autonómica aunque, de momento, no se ha «concluido nada», sostuvo.