Antifraude aconseja revisar las pensiones de los guardias urbanos testigos del caso 4F

Dice a la Seguridad Social que su incapacidad permanente es «cuestionable»

La Razón
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La Oficina Antifraude de Cataluña recomendó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) que revise la pensión concedida a dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona condenados por torturas, al considerar «cuestionable» su declaración de incapacidad permanente.

Fueron testigos clave en el conocido como caso 4F, que dio luz al polémico documental «Ciutat Morta». La denuncia del sindicato CGT para investigar estas pensiones permanentes por invalidez a los agentes Víctor Bayona y Bakari Samyang quedó archivada por Antifraude. Ellos fueron testigos clave para condenar a los jóvenes acusados de dejar en estado vegetativo a un urbano en 2006, y posteriormente, por otros casos, fueron condenados por torturas.

Pese al archivo de la causa, Antifraude recomienda al Inss que «extreme los controles y pruebas médicas a la hora de revisar las incapacidades en su día otorgadas a estos agentes», que cobran entre 1.600 y 1.800 euros mensuales. Considera este organismo que hay sospechas en la concesión de estas pensiones, ya que las obtuvieron justo cuando fueron condenados por torturas, además de un «inexplicable paralelismo» entre la evolución psicopatológica entre ambos policías. Se archivó la denuncia al reconocer Antifraude que no tienen pruebas que demuestren la falsificación de los expedientes.

Antifraude señala que las «cuestionables» incapacidades concedidas han generado «ventajosos efectos penales y económicos» para los dos agentes, que eludieron la inhabilitación absoluta y son beneficiarios de una pensión mensual a cargo de la Seguridad Social.

No obstante, el organismo reconoce que no se pudo demostrar que estas pensiones «sean fruto de maquinaciones, influencias o intereses de la índole que sea, o de cualquier otro tipo de conducta contraria a la probidad o contraria a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho».

Por su parte, la alcaldesa, Ada Colau dijo que las pensiones «no se explican desde el punto de vista del sentido común». Destacó que el Consistorio se interesará por el caso, por haber tenido contratados a ambos agentes y para «ver qué no ha funcionado, para que no se vuelva a repetir».