Barcelona aprueba una nueva tasa que grava los cajeros automáticos

Hoy se reúne el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y, si no hay sorpresas, se aprobarán los diferentes paquetes de inversiones ya anunciadas y acordadas entre el equipo de gobierno municipal y el grupo popular. También se dará luz verde a un nuevo gravamen para los cajeros de las entidades bancarias que dan a las calles.

Se trata de una iniciativa que CiU incluyó en el proyecto de ordenanzas fiscales a la que el PP ha dado luz verde. Así, una vez aprobada y tramitada la tasa, cada banco o caja que cuente con dispensadores automáticos en fachadas de edificios deberá pagar por ellos entre 133,61 euros y 668,05 euros. El total del impuesto variará según la tipología de calle y la fiscalidad a la que esté sujeta la vía. Actualmente, hay seis escalas.

Barcelona cuenta con unos 600 cajeros, por lo que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona considera que puede recaudarse gracias a este nuevo gravamen unos 200.000 euros. Todo el montante se destinará «a reforzar las políticas de vivienda social, pago de alquileres sociales e intermediación en caso de posibles perdidas de viviendas por desahucio», explicó ayer el portavoz adjunto del PP en el Consistorio barcelonés, Javier Mulleras. De hecho, cuando el presidente del grupo municipal popular, Alberto Fernández, anunció su apoyo a la medida, aseguró que la condición de su «sí» fue que todo lo recaudado se destinara a políticas sociales para la ciudad.

Barcelona seguirá el ejemplo de municipios como Sant Cugat que también cobran a las entidades bancarias por colocar uno o más dispensadores automáticos en espacio público.

Otras medidas

Durante el pleno consistorial, también se dará el visto bueno a otra tasa, que cuenta asimismo con el apoyo de los populares. En este caso, gravará los segundos test de alcoholemia y drogas que realiza la Guardia Urbana para confirmar el primero positivo. Según el PP, anualmente se llevan cabo 10.500 segundas pruebas de alcoholemia y otras 970 de sustancias ilegales con una coste respectivo de 250 y 300 euros. En este caso, los 2,6 millones de euros que el PP estima que se recaudarán con esta nueva tasa al año irían destinados a financiar proyectos de educación vial o en invertir para eliminar las zonas más peligrosas, en cuanto a tráfico de la Ciudad Condal se refiere.

«Estas dos tasas demuestran que puede haber política fiscal más allá de las ordenanzas», ha reiterado en varias ocasiones Fernández. Y es que, a día de hoy, CiU sólo ha logrado arañar varios acuerdos con los populares, que los de Alberto Fernández han negociado para que la capital catalana no se estanque y dé las respuestas necesarias para sus ciudadanos ante la imposibilidad de sacar adelante las ordenanzas fiscales y los presupuestos.

Más guardias urbanos para la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona convocará este año 113 nuevas plazas de Guardia Urbana, tras aprobarse ayer la medida en la comisión de gobierno. La iniciativa es fruto de meses de negociaciones entre el Consistorio barcelonés y el Ejecutivo y forma parte de las medidas propuestas por el grupo del PP para llegar a acuerdos de ciudad con el equipo de gobierno municipal. En este sentido, el PP señaló ayer que espera que también se amplie el número de Mossos d'Esquadra, hoy deficitario.