Barcelona da la espalda a los municipios independentistas

La abstención de los 11 concejales de Barcelona en Comú, el grupo que encabeza la alcaldesa Ada Colau, y de la concejal de CiU Sònia Recasens, de Unió, han impedido que Barcelona se incorpore a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

A pocos días de la celebración de la Diada y del inicio de la campaña a las elecciones catalanas, Barcelona decidió ayer quedar fuera de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) en un pleno extraordinario forzado por los grupos independentistas, CiU, ERC y la CUP.

Tal y como se había previsto, de los 41 ediles del Consistorio, 17 votaron a favor (nueve de los convergentes, cinco de los republicanos y tres de la CUP), 12 en contra (cinco de Ciutadans, cuatro del PSC y tres del PP) y los 12 restantes se abstuvieron ( los once de Bcomú y la concejal de Unió, Sónia Recasens). A pesar de la mayoría de síes, la capital catalana no formará parte de esta red de municipios al no alcalzar la mayoría absoluta (21 votos), un requisito que fija la propia AMI para que un territorio pueda adherirse a la entidad.

De nada sirvió que la Junta de Portavoces diera libertad de voto a los ediles para que se pronunciasen de forma personal sobre la cuestión, una medida que fue propuesta desde la bancada convergente. La jugada estaba clara: los partidos soberanistas eran conscientes que con sus votos no alcanzarían la mayoría absoluta necesaria y que varios concejales de BComú se habían declarado independentistas, de ahí que arguyeran eso de que «en los asuntos importantes no vale la disciplina de partido»: Ada Colau ya había anunciado días antes del pleno que los 11 regidores de su partido se abstendrían «a pesar de la pluralidad de opiniones dentro de la formación». Y ayer ninguno desobedeció.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Gerardo Pisarello, declaró que el gobierno municipal «dice no a la AMI por la pluralidad interna de sus filas, porque se trata de una medida electoralista que se vota en vísperas del arranque de la campaña y porque se trata de una entidad de tinte conservador».

Una decisión que puede dejar al ejecutivo de Ada Colau en una alarmante minoría para sacar adelante futuras decisiones de gobierno. ERC advirtió a la alcaldesa que le «retira la confianza» que le dieron hace 100 días cuando se produjo su investidura por lo que «ahora deberá ganárselo a pulso». «Usted se proclamó una aliada real del proceso soberanista, ¿ya no se acuerda?», interpeló a Colau el líder de los republicanos en Barcelona, Alfred Bosch.

Colau mantiene un delicado juego de equilibrios con el «procés», algo que ha terminado de enfadar a sus socios de gobierno. A título personal no esconde sus preferencias soberanistas –una postura que le sirvió para ganarse el favor de los republicanos– pero sabe que en buena parte de su electorado no ha calado con tanta fuerza el independentismo. De ahí que a última hora haya decidido no acudir a la manifestación de la Diada. A cambio, no cerró la puerta a que Barcelona sea miebro observador de la AMI, una argucia de los independentistas para que la capital catalana no dé la espada al soberanismo. Otra de las concesiones de la alcaldesa fue la de permitir que los simpatizantes de esta entidad que acudieron al pleno colocaran una estelada en la tribuna de invitados.

La alcaldesa tampoco impidió que los regidores de la CUP utilizasen el pleno extraordinario para volver a pedir la eliminación de los símbolos borbónicos de la Ciudad Condal. Quizá porque fue ella la que inició el debate al retirar la efigie de Carlos I del Ayuntamiento y que no ha sido todavía sustituída por una del actual monarca, tal y como establece la Ley.

Los regidores de la CUP decidieron escenificar su postura antimonárquica colocando la placa de la Avenida de Borbón en medio del salón de plenos. «Fue descolgada por los vecinos del barrio», se defendieron. Fuentes del gobierno municipal aseguraron que iniciarán los trámites para devolverla a su lugar pero niegan reprobar el gesto. Colau anunció ayer que ha dado luz verde a la modificación de Ley Orgánica Municipal para que sean el pleno quien decida qué gestos deben presidir el Consistorio al considerar que hay una «sobredimensión simbólica de la monarquía».