Colau admite que no puede frenar el turismo ilegal

El Ayuntamiento incorpora 1.000 pisos al parque público, muy lejos de lo prometido.

Ada Colau llego a la alcaldía de Barcelona con multitud de promesas sobre vivienda. Dos años más tarde, la realidad es tozuda, el gobierno municipal no tuvo más remedio que entonar un mea culpa en el ecuador de la legislatura. Si bien es cierto que el año pasado consiguieron incorporar 1.000 pisos a la bolsa de vivienda pública, siguen muy lejos de los 10.000 que se habían marcado como objetivo para toda la legislatura. No sólo eso, sino que la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, no tuvo más remedio que admitir el fracaso del Consistorio en regular la presión turística excesiva que sufre la capital catalana y combatir los pisos turísticos ilegales.

«Agradecemos la tarea de vecinos de ayudar en la denuncia de pisos destinados al alquiler turístico que no disponen de licencia, pero los recursos de inspección se quedan cortos ante una presión tan evidente», señaló. El Ayuntamiento de Barcelona reconoció estar muy lejos de proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos, aunque ha destacado que la regulación turística que llevan ejerciendo desde el inicio del mandato ha permitido «descongestionar las zonas más afectadas», aunque no se pueden comparar con las medidas de protección que funcionan en Berlín o París.

De los 1.097 pisos que incorporó el Ayuntamiento a la bolsa de alquiler asequible en 2016, más de la mitad son pisos cedidos: 101 provienen de particulares que se añadieron a la campaña «Tu tienes la clave»; 250 se han conseguido a través de entidades sociales; y 50 más se incluyeron mediante el programa «Primero el hogar». Otra fuente de pisos son los bancos: tal como se acordó a finales de 2015 la Sareb y Buildingcener (la filial inmobiliaria de La Caixa) cedieron 250 pisos, la mitad vacíos y la otra mitad con inquilinos. Aunque suponer casi un 25 por ciento de los pisos añadidos a la bolsa, Ortiz advirtió de que la colaboración con los bancos cada vez va a menos: «En un momento en que el mercado está vendiendo y alquilando rápidamente, el interés de las entidades financieras en trabajar con el Ayuntamiento se ha reducido». El resto de pisos conseguidos el año pasado, 446 viviendas, los compró el consistorio.

El presidente del PP municipal, Alberto Fernández, denunció que durante 2016 el gobierno municipal sólo ha finalizado 150 viviendas sociales, muy lejos de las 800 que anuales que prometió el concejal Josep Maria Montaner, y aún más de las 8.000 que Colau prometió en campaña que construiría durante todo el mandato. Añadió, además, que «lo que sorprende más aún es que a pesar de estos incumplimientos y que el nuevo Plan de vivienda suponga un recorte de 132 millones de euros anuales respecto del anterior plan, Grupo Demócrata (CiU) y Ciudadanos del hayan votado a favor».