Colau quiere que el Consistorio tenga preferencia de compra sobre las viviendas vacías de la ciudad

La llegada de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona disparó las expectativas en materia de vivienda. Su trayectoria como activista la avalaba, pero faltaba por ver como sortearía los impedimentos legales. Al fin y al cabo, la potestad para, por ejemplo, regular los desahucios recae en el Gobierno. Lo primero que hizo fue convocar la comisión la comisión mixta de prevención de desahucios y ayer tuvo lugar el encuentro con la presencia de 68 entidades. De entre las medidas que enumeró Colau varias pasan por incorporar viviendas al parque público de forma casi inmediata. No obstante, las limitaciones de suelo y presupuesto del Ayuntamiento dificultan satisfacer la demanda existente así que Colau aboga por sancionar a los bancos que acumulen pisos vacíos durante más de dos años y por declarar a Barcelona entera como zona de tanteo y retracto.

Tras la reunión, la alcaldesa quiso contextualizar la realidad de los desahucios en Barcelona. Colau explicó que la el parque público de la ciudad es de apenas un 2 por ciento cuando la media europea es del 15 por ciento, lo que se traduce en 10.000 pisos cuando se necesitan, al menos, 30.000. Y añadió en la capital catalana se dan unos 20 desahucios a la semana vinculados a familias en situación de vulnerabilidad. Con esta situación como telón de fondo, la alcaldesa justificó la convocatoria de la comisión mixta que languidecía desde febrero de 2014 y la necesidad de comenzar a implementar medidas para hacer frente a la «emergencia habitacional».

Tres grupos

Así, en las próximas semanas se formarán tres grupos de trabajo encargados de revisar los protocolos existentes y mejorar la coordinación entre el Ayuntamiento, la Justicia y las entidades bancarias. El tercer grupo será el encargado de movilizar vivienda pública. Para ello, Colau contempla la posibilidad de que toda Barcelona sea declarada zona de tanteo y retracto para que el Ayuntamiento sea el primero que pueda optar a la compra de los pisos que llevan vacíos más de dos años antes de que «fondos buitre» se hagan con ellos. En este paquete de medidas también se incluye recurrir a una de las cláusulas de la ley catalana de vivienda que admite la posibilidad de multar a las entidades bancarias siempre que mantengan pisos vacíos durante más de dos años.

Colau destacó que en esta «amplia puesta en común» se ha confirmado la voluntad de todos de ponerse a trabajar para afrontar la problemática de la vivienda y los desahucios en Barcelona y «nadie, incluidas las entidades financieras» ha rechazado las propuestas que se han planteado desde el gobierno local, aseguró.

Colau inició la semana pasada una ronda de encuentros con dirigentes de las entidades bancarias y de momento todas manifiestan «predisposición a colaborar e insisten que no tienen tantos pisos vacíos en Barcelona», indicó.

La alcaldesa explicó que tras reunirse con los responsables de CaixaBank y Bankia, el jueves hasrá lo propio con BBVA y sólo le faltará por concretar un encuentro con la Sareb.