Educación

Convivencia denunciará a Rigau si no cumple los fallos del castellano

Los padres demandantes aseguran que sus hijos «casi no conocen» el idioma

La consellera de Educación, Irene Rigau, aseguró que no modificará la política de inmersión lingüística
La consellera de Educación, Irene Rigau, aseguró que no modificará la política de inmersión lingüísticalarazon

La entidad probilingüismo Convivencia Cívica Catalana (CCC) anunció ayer que se querellará contra la consellera de Educación, Irene Rigau, si en un plazo de dos meses no aplica los diez autos resueltos la pasada semana por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que indicaban que el castellano tiene que ser una lengua vehicular en las aulas en el caso de que un alumno lo pida.

El presidente de CCC, Francisco Caja, y el abogado de la entidad, Ángel Escolano, explicaron que presentarán una querella por los delitos de prevaricación y desobediencia civil. Para llegar a este extremo, tiene que producirse el requerimiento del TSJC para que se cumplan los autos.

Petición a la Fiscalía

Caja avanzó que, además de la citada querella, y siempre en caso de incumplimiento por parte de Rigau, pedirán a la Fiscalía de Cataluña que actúe. La consellera aseguró, una vez más, que no piensa cumplir esta resolución judicial, y volvió a defender el modelo de inmersión lingüística, que margina el castellano en las aulas y que, como máximo, permite una atención individualizada hacia el alumno que lo pida.

Según Escolano, si se incumplen los autos dictados por el TSJC, este tribunal podría imponer multas coercitivas y comenzar un procedimiento que podría derivar en una intervención judicial de los centros en los que están matriculados los hijos de los padres de los citados diez autos. Si se cumpliera lo que piden estas familias, serían unos 500 los alumnos con una enseñanza bilingüe.

Caja lamentó, en referencia a la reacción de Rigau ante estos autos, «las repetidas tergiversaciones del Govern», y calificó la actitud de la consellera de «grave atentado al Estado de derecho, es un delito no acatar las resoluciones judiciales». El presidente de CCC recordó que son un total de 1.031 familias las que han pedido a la conselleria que sus hijos tengan una enseñanza bilingüe, y lamentó que «la respuesta ha sido nula».

Las familias de los diez autos del TSJC criticaron la actitud de la Generalitat. Un padre, Nicolás Costovici, aseguró que quiere que sus hijos aprendan tanto en catalán como en castellano. Es padre de tres niños (el menor tiene cinco años y el mayor tiene doce) y lamentó que «tienen poco vocabulario en castellano». Otro padre, Julián Busca, desmintió que los alumnos finalicen su escolarización «con el mismo nivel de catalán y castellano, el desequilibrio de horas que se implantan en cada idioma es muy fuerte». Por su parte, Sergio Rodríguez señaló que «tenemos a la Justicia de nuestro lado».