El Gobierno reabre el CIE de Barcelona pese a Colau

El Ayuntamiento amenaza al centro con medidas «coercitivas».

La Delegación del Gobierno en Cataluña confirmó ayer que próximamente se reabrirá el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en la Zona Franca de Barcelona, pese a las múltiples quejas que ha recibido. La última fue la del Síndic de Greuges, que pidió el miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que comprobara las instalaciones.

Otro problema es que el Consistorio barcelonés, liderado por Ada Colau, interpuso una orden de cese de la actividad de este centro. Pese a este torpedeo municipal, el CIE procedió a su reapertura, una vez finalizadas las últimas obras iniciadas en 2015 para acondicionar el centro. El CIE de la Zona Franca barcelonesa es un centro que alberga a inmigrantes en situación irregular, que están internados en este sitio antes de ser expulsados, debido a su situación administrativa en España. Nunca ha sufrido graves incidentes, pese a algunas quejas procedentes de diferentes asociaciones. Colau amenazó con medidas «coercitivas».

El argumento de Colau para intentar boicotear esta reapertura es porque, a su juicio, el Ministerio de Interior no tramitó la licencia de actividad requerida por el Consistorio. La Delegación del Gobierno anunció que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la resolución del ayuntamiento de Colau.

La reapertura del CIE, en pleno pulso entre el Gobierno y el Ayuntamiento, fue comunicada previamente a los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona, encargados del control de este centro, al fiscal de Extranjería, quien igualmente supervisa el local, así como al juez decano de Barcelona. Precisamente, fue esta comisión judicial encargada del control del CIE la que ordenó que el centro de la Zona Franca se sometiera a unas obras de acondicionamiento para mejorar las instalaciones, lo que provocó que este espacio haya estado cerrado desde el 5 de noviembre de 2015.

Estas obras, que contaron con un presupuesto de 354.603 euros, han comportado la instalación de aseos en las 46 habitaciones del CIE, medidas de seguridad en las literas –como la instalación de escaleras y de quitamiedos en las situadas en el piso superior– y la modificación del espacio para los servicios médicos, mientras que también se ha reforzado un muro exterior que daba acceso al centro. En junio de 2015, meses antes de que el CIE de la Zona Franca cerrara por obras, el Parlamento catalán aprobó una propuesta, aplaudida por varias ONG de defensa de los derechos humanos, que instaba al Gobierno a cerrar definitivamente esta instalación.