El Govern admite fallos con el pederasta de Castelldans

La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, pidió disculpas ayer por el caso del presunto pederasta de Castelldans, y aseguró que a partir de ahora «se reforzará» el seguimiento de las familias que acojan a menores, para que no se repitan este tipo de episodios. David., de 47 años, está acusado de haber cometido abusos sexuales a niños que tenía en su casa.

El presunto pederasta, que está encarcelado, descuidaba la higiene, la alimentación y la situación escolar de los menores, por lo que se le concedió la ayuda de una persona para ayudarle en las tareas domésticas. Así consta en el expediente de información reservada que ha elaborado este departamento.

«No había sospechas»

El mismo informe concluye que «no había ningún indicio ni sospecha de posibles abusos sexuales», pero se ha detectado un «seguimiento poco cuidadoso» de la situación de los menores, por lo que la consellería ha abierto un expediente sancionador a la Fundación Juvanteny, entidad encargada de hacer el seguimiento de estos menores.

Munté pidió perdón «por el mal causado a los menores», y explicó que para elaborar el informe se ha entrevistado a 30 personas, entre técnicos y profesores vinculados a los menores, incluidos siete de los catorce niños que el detenido ha acogido en su casa desde 1996, y que han negado haber sido víctimas de abusos.

Aunque la Generalitat ha concluido que los presuntos abusos «eran indetectables», Munté anunció una reforma de todos los procesos de seguimiento de los menores reforzando los controles que deben superar las familias acogedoras de niños tutelados por la administración.

La consellera anunció que a partir de ahora la Generalitat también hará visitas «in situ» con las entidades a los domicilios de acogida, hará una validación de las familias acogedoras cada año y no una sola vez al principio como ahora, se introducirá un nuevo test para detectar posibles patologías de los acogedores y los informes de seguimiento de los menores pasarán a ser trimestrales en vez de semestrales.

Pese a que la Fundación Juvanteny, acreditada por la Generalitat para hacer el seguimiento de los menores acogidos de 97 familias en toda Cataluña, había detectado que los niños iban desarreglados y que incluso se les había desviado a la Cruz Roja para obtener ropa y alimentos, la administración catalana no retiró la custodia de los menores.

Según la consellera, las anomalías detectadas en la higiene, alimentación y cuidado escolar de los menores desde hacía unos tres años no revestía tanta gravedad como para retirarle la condición de acogedor, aunque reconoció que la fundación «actuó con poco rigor y de forma poco cuidadosa».

Del «exhaustivo informe», según la versión ofrecida por la consellera, y que se puso a disposición del juez que investiga el caso, «no se desprende ningún indicio que pudiera hacer prever que David D. fuese un pederasta». De esta manera, la Generalitat admitió sus errores en este episodio.