El Govern apoya a los municipios que pagan las cuotas independentistas

BARCELONA- La Generalitat ha aplaudido desde el principio a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Desde su creación a finales de 2011, ha mostrado su apoyo a esta entidad que, presidida por el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, trabaja por la independencia de Cataluña desde el municipalismo. Ha recibido a sus promotores en el Palau y cuenta con ellos en su camino hacia Ítaca, métafora que utiliza el president, Artur Mas, para referirse al órdago independentista. Hoy, por ejemplo, la AMI es una de las asociaciones invitadas a la reunión en el Parlament del pacto nacional por el derecho a decidir, junto con patronales, sindicatos y entidades de todo tipo.

La Generalitat tiene claro que entidades como la AMI hacen una labor encomiable en favor del soberanismo y ha decidido ofrecer sus servicios jurídicos al último problema que le ha surgido. Tal como avanzó LA RAZÓN en su edición del domingo, la Delegación del Gobierno ha enviado un requerimiento a la alcaldesa de Begues, que ha pagado 745 euros a la AMI en concepto de cuota anual, y ha pedido asesoramiento a la Abogacía del Estado por los 3.600 euros que el Ayuntamiento de Vic también ha abonado.

La Abogacía del Estado, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, entiende que los municipios no pueden destinar fondos a financiar proyectos que trascienden su competencia. En 2006, el Supremo falló que la cuota que el Consistorio de Alegria-Dulantzi pagó a la asociación vasca Udalbiltza, creada en 1999 para trabajar a favor de la independencia, superaba la Ley de Bases de Régimen Local, que asegura en su artículo 25,1 que los municipios pueden promover toda clase de actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, pero sólo «para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias».

La Generalitat, sin embargo, opina no hay nada de raro en que los municipios paguen estas cuotas. La AMI tiene actualmente 668 muncipios y 36 entes municipalistas adheridos. En una reunión en abril, acordó enviar una carta a los alcaldes reclamando la cuotas del año pasado que no habían sido abonadas y explicando que a partir de mayo se podían hacer efectivas las de este año.

El Govern ayer ofreció sus servicios jurídicos a todos los municipios que se puedan ver en una situación como la de Begues o si el caso acaba convirtiéndose en denuncia vía contecioso-administrativa. El portavoz, Francesc Homs, se mostró crítico con la actitud de la Delegación del Gobierno y cargó tintas contra la delegada, Llanos de Luna, asesgurando que «hay muchos problemas como para estar pendiente de esto».

Por su parte, C's aplaudió que la delegada del Gobierno vele por la gestión del dinero público. El partido pide que se investiguen a fondo los pagos y las «condiciones» en que se hacen.