El Govern debe a los ambulatorios y hospitales concertados 432 millones

La conselleria de Salud adeuda a los servicios concertados, que incluyen los hospitales y ambulatorios de la red de utilización pública (XHUP), 432.010.653, 60 euros a fecha de 31 de marzo. Así lo detalla el conseller de Salud, Boi Ruiz, en una respuesta parlamentaria instada por el diputado ecosocialista Josep Vendrell. La cifra se suma a los 301,5 millones de euros que la Generalitat debe a las farmacias.

El total de las facturas aún por pagar por parte del Govern varía mes a mes y puede que la Generalitat salde parte o la totalidad de estas. Que lo haga o no, que pague cuando marca la ley –cosa que incumple sistemáticamente desde hace meses– depende de la liquidez en las arcas catalanas. Ruiz, como otros consellers que se encuentran en la misma tesitura de no pagar por los servicios que tiene contratados, arguye desde un principio que si no hay dinero es por la demora del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en hacer efectiva la transferencia del montante solicitado por el gobierno catalán. Sin embargo, hasta el momento, Salud ha sido incapaz de plantear un calendario de pagos progresivos y de aportar medidas alternativas para evitar el «colapso financiero» de sus proveedores. Un colapso que el propio conseller admitió a mediados de marzo. «Creemos que este colapso financiero no tendrá consecuencias sobre la atención de los ciudadanos», dijo tras el Consell Executiu del 12 de marzo.

Pero a la abultada deuda que soportan, sobre todo, boticas y hospitales concertados, se le debe sumar una estocada final a los centros de la XHUP. No sólo no cobran ni saben cuándo lo harán si no que este año debe contar que se les pagará menos, concretamente un 4,6 por ciento menos. Además, queda por definir cuánta actividad les contratará la Generalitat. Es decir, Salud no sólo pagará menos sino que puede contratar aún menos. Asimismo, y en el marco del Plan de Salud, al conselleria busca optimizar la eficiencia de los servicios sanitarios. Y, esto pasa por, entre otras medidas, concentrar unidades de alta especialización en ciertos centros, obligando al resto a redefinir su cartera de servicios.

El recorte de las tarifas implica, según el conseller, que los trabajadores pierdan una paga al año. La ordenación de servicios conlleva, entre otros, que sea necesario menos personal. Unas consecuencias que no escapan a los sindicatos inmersos en las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Tienen encima de la mesa la última propuesta de las patronales que se basa en el aumento de la jornada laboral, la reducción del salario un 7 por ciento y la rebaja del plus de valoración por objetivos. Metges de Catalunya no piensa transigir y Satse considera que las medidas no atacan al problema real que es la precarización de la sanidad. CC OO y UGT quieren garantías de que el recorte es temporal.