Crisis económica
El Govern debe al Tercer Sector 435 millones
Las entidades alertan de que no pueden soportar más recortes sin romperse la cohesión social
A los trabajadores del tercer sector les cuesta más, cada día que pasa, sonreír. Aseguran que la calidad de la atención que prestan al 1,7 millones de personas que necesitan algún tipo de asistencia o apoyo que las administraciones no pueden ofrecerles no bajaría si sólo dependiera de su «savoir faire» e ímpetu, pero sí está en serio peligro debido a los impagos de la Generalitat, los ayuntamientos y el Gobierno. La mesa del Tercer Sector que aglutina cerca de 4.000 entidades sociales, y la Confederación, la patronal de sector, cifran –según datos a 1 de octubre– en 640 millones de euros la factura total que se les debe. De estos, 435 millones corresponden a los impagos de la Generalitat que se han ido sumando en los últimos años, explicaron ayer el presidente de la patronal, Xavier Puig, y la presidenta de la Mesa, Àngels Guiteras. Los ayuntamientos les deben 155 millones y el Gobierno otros 50.
El pasado viernes, las organizaciones sociales recibieron un nuevo mazazo. La conselleria de Bienestar les comunicó que la Generalitat no iba a poder hacer frente al pago de los 70 millones adeudados al sector desde el pasado mes de julio hasta el año que viene. El Govern tampoco fijó la fecha del pago.
Ante esta nueva promesa incumplida y denunciando que «hoy por hoy, la atención a las personas no está entre las prioridades del Govern», las entidades y la patronal quisieron lanzar ayer una advertencia al gobierno saliente de los comicios del 25-N: «El sector no puede asumir más recortes porque la cohesión social se romperá». Así, «alto y claro», lo dijo Guiteras, que añadió que «hoy colaborar con la Generalitat es muy difícil». Ya que, además de no pagar, tampoco facilita que las entidades bancarias otorguen crédito y lo prorroguen.
Sin compromiso real
A día de hoy, trabajar para la Administración ya no es un valor seguro, por lo que la asfixia que viven las asociaciones sociales es prácticamente total. De hecho, la mitad ha tenido que ajustar sus plantillas y casi la total –el 91 por ciento– paga tarde las nóminas de sus trabajadores por la falta de liquidez.
Desde que la situación para estas entidades se recrudeciera con los impagos del Govern, la Mesa del Tercer Sector y la Confederación han llevado cabo una serie de encuentros con agentes de la sociedad civil y partidos políticos. Su objetivo principal es trasladar hasta 50 medidas con las que poder financiar y dinamizar el sector. Sin embargo, y a la espera de las decisiones que tome el nuevo Gobierno catalán, «todo el mundo reconoce, en petit comité, las dificultades del sector y la grave situación social pero no esto luego no se traduce», lamentó Puig. Y, recordó que las entidades, anualmente, abonan 30 millones de euros en concepto de intereses por los créditos suscritos ante el impago de la Generalitat. Y sí, «algunos servicios ya han desaparecido» a causa la falta de financiación. Un ejemplo: la reinserción social de presos y presas.
Por todo ello, aunque sin perder la esperanza de que su voz sea escuchada de una vez por todas, tanto entidades como patronal reclaman tres aspectos fundamentales: primero, la articulación urgente de un plan de pago al sector y la fijación de un calendario; segundo, el compromiso del Govern a mediar con las entidades bancarias para la obtención de crédito; y tercero, la voluntad política «real» –término que recalcaron por dos veces– de que los próximos recortes no afecten a las políticas sociales.
El sector aboga por un pacto de país que proteja el Estado de Bienestar que «justo estábamos construyendo cuando la crisis le tocó de pleno», señalaron.
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