El Govern evita reprobar una Constitución que obvia el castellano

En una futura Cataluña independiente, dicen los «ingenieros» del borrador de la constitución catalana –que hoy entregarán en mano a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell– que la única lengua oficial será el catalán y el aranés en el Arán. La cooficialidad del castellano, desaparecerá. Aunque sea la lengua de uso habitual para el 50,7% de los catalanes, según la última encuesta de usos lingüísticos.

El texto que hoy verá la luz y cuya redacción ha asesorado el juez Santiago Vidal, tan sólo habla de la «protección de los derechos de los castellano parlantes» y pone el foco en la defensa del plurilingüismo «porque en Cataluña hay mucha gente que habla muchas lenguas» y también existe «preocupación sobre lo que hacer con el inglés», según avanzó el diario Punt Avui.

Ayer la portavoz del Govern, Neus Munté, evitó posicionarse sobre este boceto de «Carta Magna», que han elaborado 17 ponentes a partir de las propuestas ciudadanas. No obstante, su diseño definitivo no está previsto hasta después de las elecciones constituyentes, que el Govern vaticina para la próxima legislatura.

«Como gobierno no nos toca posicionarnos en este momento, porque se trata de una propuesta que sale del ámbito ciudadano». Así, salió al paso Munté de la polémica sobre los futuros usos lingüísticos, si bien aclaró que la postura oficial es la defensa del bilingüismo. De hecho, hace menos de un mes. La coalición que forma ERC y CiU tuvo dar un toque de atención a los firmantes del manifiesto Koiné –entre los que se encuentran algunos ex cargos convergentes y republicanos– por la polvareda que levantó cuando calificaron al castellano «lengua de dominación impuesta por el Estado» y defendieron la única oficialidad del catalán.

Pero lo cierto es que este manifiesto puso en una situación incómoda al independentismo. Dentro de la bancada convergente, pocas fueron las voces que salieron en defensa del la cooficialidad del castellano, como elemento de cohesión social. De hecho, al president Puigdemont se le afeó su tibieza a la hora de condenar un texto, que la izquierda catalana no dudó en tildar de «racista».

La postura del President evidenció la distancia existente con su socio de gobierno, Oriol Junqueras. Los republicanos, en aras de ampliar la base social del soberanismo, siempre han huido de esencialismos con el fin de abrir el independentismo a los castellano parlantes. De hecho, Junqueras presentó a uno de ellos, Gabriel Rufián (miembro de Súmate), como cabeza de lista en las últimas elecciones generales. Para hacer patente su rechazo, el líder republicano también escribió un alegato en el que defendió que «no existe ningún problema lingüístico y en el futuro estado, el castellano sería oficial».

El TSJC ve legal que Puigdemont prometiera el cargo sin acatar la Carta Magna

L. R. - Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló la fórmula con que prometieron su cargo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers del Govern, al entender que no tenían la «obligación legal» de acatar la Constitución ni el Estatut en su toma de posesión

En un auto, el TSJC ha acordado no admitir a trámite la denuncia presentada por Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España contra Puigdemont, los consellers, el secretario general de Govern, Joan Vidal, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por la fórmula de promesa que emplearon cuando asumieron sus cargos.

El auto sostiene que la fórmula con la que los miembros del Govern prometieron cumplir sus funciones, en que eludieron acatar la Constitución y expresar lealtad al Rey, «carece de relevancia da efectos penales», dado que en la normativa no consta «regulación específica» sobre ese asunto.

La sentencia sostiene que ni el Estatut de Autonomía ni el Reglament del Parlament «regulan o contemplan el uso o no de alguna fórmula concreta de juramento o promesa», por lo que esa cuestión «queda dentro del ámbito exclusivo de la actividad parlamentaria».