El Govern quiere «universalizar» la sanidad invirtiendo sólo 3 millones

Los hospitales catalanes tendrán que atender a 137.000 personas extra con la nueva ley.

Del mismo modo que el Ayuntamiento de Badalona desafió ayer la Ley y abrió las puertas del consistorio durante el Día de la Hispanidad, varios consejeros del gobierno catalán también quisieron demostrar su rechazo al 12 de Octubre convirtiéndolo, a su manera, en un día laborable. Entre ellos, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Salud, Toni Comin, que programaron una visita conjunta a las urgencias del Hospital de Sant Pau y el Clínic.

Antes de iniciar el recorrido aprovecharon el encuentro con los medios para explicar los detalles del proyecto de ley que garantizará el acceso universal a la sanidad a todos los residentes de Cataluña y que el Govern tramitará por la vía de urgencia.

Según esta nueva ley, cualquier persona que certifique estar empadronada en Cataluña podrá acceder a la cartera de servicios sanitarios públicos y no será necesario que demuestre que lleva residiendo en la comunidad catalana durante al menos tres meses, tal y como dictaba la anterior normativa catalana. Las entidades sociales alertaron que la condición de estar empadronado también es un requisito excluyente para muchas personas en situación de vulnerabilidad ante lo que Comín anunció ayer que se está estudiando incluir «otras formas de arraigo» que se definirán cuando se ultime el reglamento.

Para poder hacer frente económicamente al volumen extra de personas que acogerá la sanidad catalana (según las previsiones del departamento de Salud, entorno a 137.000 ciudadanos que habían quedado excluidos por la norma estatal), la Generalitat destinará únicamente tres millones de euros, ya que según defendió ayer Comín «en la actualidad ya se está dando respuesta a la mayoría de los casos».

Pese a que el Parlament aprobará próximamente esta ley sanitaria de acceso universal, falta por ver si contará con el beneplácito del Tribunal Constitucional (TC), ya que contraviene el Real Decreto Ley 16/2012 que aprobó el ejecutivo de Mariano Rajoy y que limita el acceso a la sanidad pública primaria y especializada a extranjeros extracomunitarios que no cuenten con permiso de residencia, excepto a los menores y a las embarazadas. El resto tan sólo puede acceder al servicio de urgencias.

Ante tal posibilidad, el responsable de Salud de la Generalitat mostró sus dudas de una futura impugnación: «Hay controversia porque el TC levantó la suspensión cautelar a la ley que hizo el gobierno valenciano en un sentido similar al nuestro» y añadió que en los últimos meses al Alto Tribunal ha dictado varias argumentaciones jurídicas sobre este asunto «muy poco coherentes entre sí».

Por su parte, el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, se mostró satisfecho por la futura implementación de esta nueva normativa porque , dijo, «la salud es un derecho fundamental y por eso debe ser universal». Con esta norma, defendió, «restituimos un derecho previsto ya en el Estatut de Cataluña y que derogó el Gobierno con la ley sanitaria del 2012».

Tras ser preguntado por la polémica decisión del Ayuntamiento de Badalona y de otros tantos consistorios catalanes capitaneados en su mayoría por la CUP y ERc de declarar como no festivo el 12 de octubre pese a la prohibición de un juez, Junqueras recordó que él mismo y el conseller de Salud, Toni Comín, también han trabajado este miércoles. «Me parece que lo que estamos haciendo hoy aquí es una demostración de nuestro compromiso con los ciudadanos. Estamos donde toca en el día que toca, porque cada día es importante», dijo