El Govern sólo aprueba un 10% de las peticiones para la renta ciudadana

El 73% de las nuevas solicitudes, tumbabas por superar el límite salarial o por incompatibilidad.

Pese a que las solicitudes para recibir la renta garantizada de ciudadanía se han triplicado en dos años, en el último ejercicio el Govern sólo ha aprobado un 10% de las peticiones y se han denegado un 73%, la mayoría porque superaban el umbral de ingresos estipulado o por incompatibilidades al tener trabajo, algo que la normativa prevé mejorar al aumentar la cobertura hasta su total despliegue en 2020.

Así lo admitió ayer el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, acompañado de técnicos del departamento coincidiendo con el primer aniversario de entrada en vigor de la nueva prestación, que ha transformado la antigua renta mínima de inserción (RMI).

Como explicación, el conseller se escudó en la aplicación del artículo 155. A su juicio, la intervención de la autonomía ha sido un lastre para el despliegue al impedir la aprobación del reglamento y la imposibilidad de crear la comisión de seguimiento, que están ultimando en colaboración de entidades. En este sentido, Chakir El Homrani detalló que «llegamos a tener 17.000 expedientes paralizados en abril de 2018, que ahora se han reducido a unos 10.000», aunque ha calculado que a finales de año «no habrá ningún expediente fuera de plazo», prometió.

En concreto, se han presentado 69.197 solicitudes en un año, de las que se han llegado a valorar 49.000, y de las que se han aprobado un total de 5.043, lo que representa un 10% del conjunto. Finalmente, se han denegado un 73%, dos de cada tres y por superar umbral establecido o por incompatibilidades.

Por tanto quedan 20.000 expedientes por resolver, además de otros 10.000 de 17.000 expedientes fuera de plazo que se resolverán antes de final de año por la imposibilidad de fijar las compatibilidades entre los complementos de la renta garantizada de ciudadanía y las prestaciones estatales hasta abril de 2018.

Según remarcó el conseller, la prestación cuenta con 113.000 personas beneficiarias, de las que 60.000 son antiguos receptores de la renta mínima con 25.000 expedientes heredados de la antigua ayuda.

Del conjunto, más de 68.300 beneficiarios lo son por concepto de apoyo a unidades familiares, mientras que 45.600 lo son por el complemento que ofrece la renta garantizada de ciudadanía a la prestación que cobraban, situándose la media de la prestación entre los 700 y los 800 euros.

En comparativa con la anterior renta mínima, las ayudas se han incrementado de media unos 200 euros mensuales (un incremento del 35%), según el conseller. Otro dato relevante, a juicio de El Homrani, pasa por la inserción en el mundo laboral, ya que «desde septiembre de 2017 hasta la actualidad 2.655 unidades familiares han conseguido un contrato de trabajo y 1.138 han conseguido salir de la prestación de forma definitiva». Además, 11.000 personas han vuelto a activar la búsqueda de trabajo.

El sindicato UGT criticó ayer que desde que entró en vigor la renta garantizada de ciudadaníase han aprobado 2.078 solicitudes y desde septiembre sólo han resultado beneficiadas 5.921 personas más Según el organismo, prácticamente la mayoría de los beneficiarios actuales son los mismos que antes del 15 de septiembre, cuando entró en vigor la prestación. Antes eran perceptores de la renta mínima de inserción o de los complementos de pensiones estatales correspondientes a la ley de prestaciones sociales de carácter económico.

CCOO también se sumó a las críticas y reclamó «agilizar» las ayudas. «Está teniendo un desarrollo complejo» pero «no siempre son del todo comprensibles los motivos», que el sindicato atribuye a «una falta de planificación» y «de los recursos».