El juez rebaja de 9,5 a 2,56 millones la fianza para Serra y la ex cúpula directiva de CatalunyaCaixa

La vista oral por el episodio de los presuntos sobresueldos empieza el jueves con Serra y Todó declarando.

La Audiencia de Barcelona rebajó la fianza fijada e impuesta al ex presidente de Caixa Catalunya Narcís Serra y al resto de 40 acusados de 9,5 a 2,56 millones de euros en concepto de responsabilidad civil en el procedimiento por los sueldos supuestamente «desproporcionados», juicio que empezó el pasado jueves.

El tribunal que juzga a la ex cúpula de la entidad atiende así la demanda efectuada por la defensa de Serra, y del ex director general Adolf Todó, al que también se levantó otra fianza exclusiva para él de 808.563 euros, al haberse retirado la acusación ejercida por la Confederación Intersindical de Cajas.

Sin legitimación

De esta manera, el tribunal estimó la cuestión previa planteada en la primera sesión del juicio por la defensa de Serra, Pau Molins, alegando falta de legitimación de la CUP –acusación popular–para ejercer la acción civil al no ser directamente perjudicada en el procedimiento, y el tribunal fija la fianza en 2,56 millones, lo que reclama la Fiscalía.

El auto de la Sección 8 de la Audiencia, que responde por escrito a cuestiones previas planteadas por las partes en el juicio, acoge el argumento del abogado Molins de que la acusación popular no tiene nunca legitimación para ejercitar la acción civil dimanante de un delito, por principio, según una sentencia del Tribunal Supremo.

Constata además que la acusación popular de la CUP corresponde a un partido político y que, pese a ser «expresión de pluralismo político e instrumento para la participación, como es obvio persigue determinados fines», por lo que considera que no puede considerarle perjudicado directo.

Así, afirma que «debe reconocerse prosperidad jurídica a la tacha de legitimación en esa específica condición de parte acusadora (popular)» y ajustar la fianza a lo que piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado (como representante del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Frob): un total de 2.568.000 euros.

En abril de 2017, el juez impuso la citada fianza de 9,5 millones a Serra y Todó, y también a 39 miembros de la ex cúpula de la entidad.

Ahora, los 2,56 millones de fianza corresponden al perjuicio económico causado a CatalunyaCaixa por los aumentos salariales aprobados en dos consejos de administración, uno celebrado en enero de 2010, y otro en octubre de ese año, después de que el Frob inyectara 1.250 millones en la entidad.

El tribunal también rechazó la petición del abogado de Todó, Juan Segarra, de restringir el objeto de acusación al aumento del salario variable del acuerdo del 19 de enero de 2010 y no tener en cuenta el fijo, tal y como recogía la denuncia inicial de la Fiscalía, pero la petición no prosperó.

La Fiscalía estima que, en el caso de Todó, estos acuerdos de incremento salarial causaron un perjuicio de hasta 1,45 millones a la entidad, y de otros 1,11 millones en el caso de los aumentos retributivos autorizados a Jaume Massana.

Sin embargo, el tribunal, tal como ya avanzó el 4 de octubre, desestima la intención de las defensas de Serra y Todó de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de instrucción.

El jueves se celebró la primera sesión del juicio, que prevé 28 sesiones, y está previsto que los acusados declaren a partir de este jueves 11 de octubre, empezando por el propio Narcís Serra y Adolf Todó. Ese primer día Serra declaró ante los medios que no se arrepiente de su gestión al frente de la entidad y que hizo lo que debía, asegurando que los supuestos sueldos desproporcionados «no existen». Se enfrentan a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por dos presuntos delitos de administración desleal.