El ocaso del 9–N

El juicio por la pseudo consulta soberanista del 9–N de 2014 quedó el viernes visto para sentencia, después de cinco sesiones. La Fiscalía, como quedó claro en sus conclusiones finales, mantiene la petición de inhabilitación de diez años para el ex president de La Generalitat Artur Mas, y nueve para la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau.

El juicio por la pseudo consulta soberanista del 9–N de 2014 quedó el viernes visto para sentencia, después de cinco sesiones. La Fiscalía, como quedó claro en sus conclusiones finales, mantiene la petición de inhabilitación de diez años para el ex president de La Generalitat Artur Mas, y nueve para la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau.

Los tres están acusados de los delitos de desobediencia grave y prevaricación. No pueden ir a la cárcel. Pero lo importante del juicio han sido las versiones que han ofrecido los procesados, las defensas, el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, e incluso el juez, Jesús María Barrientos, que a su vez es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Barrientos ha tenido algún rifirrafe con Mas, debido a que el ex president lanzó alguna pregunta al aire, lo que le valió una reprimenda del juez. El magistrado es uno de los tres miembros del tribunal que juzga este caso. El TSJC anunció que se buscará una sentencia por unanimidad, y no por votos particulares. El fallo tardará unas cinco semanas en llegar, aunque el calendario es imprevisible.

La estrategia de Mas y su defensa ha sido clara desde el principio. Trasladar el juicio a un terreno político, asumir ser el máximo responsable pero escudarse en los más de 42.000 voluntarios. El ex president dijo en la última sesión que fueron juzgados no por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), sino por el éxito del 9-N, que contó con más de dos millones de participantes. «Lo que queríamos era plantar cara al Estado español», espetó.

Una de las principales estrategias, tanto de Mas, como de su abogado, Xavier Melero, y de las otras acusadas, fue trasladar el juicio a un terreno más político que jurídico. Una prueba, aparte de sus declaraciones, apoyos de multitud de alcaldes y del Govern, incluyendo al president Carles Puigdemont, fue el apoyo de más de 40.000 personas en la primera sesión de la vista oral.

Muy diferente fue la versión del fiscal. En quizá la intervención más importante de todo el juicio, Sánchez–Ulled dijo que «quiero manifestar con dolor y tristeza que lo que ha pasado es una ruptura de las reglas del juego democrático , una ruptura de la convivencia». Volviendo al asunto de la democracia, el representante del Ministerio Público recordó que se trata de un «juicio democrático, tanto si se condena como si se absuelve». «Se está juzgando una desobediencia», dijo.