El Parlament aprueba la nueva ley de horarios comerciales que burla la estatal

Quien no corre, vuela. En menos de un año y medio, el Govern se ha lanzado a la carrera para frenar la liberalización horaria comercial regulada por el Gobierno y defender así el denominado modelo catalán. Desmarcándose por segunda vez de la regulación estatal, CiU dio luz verde ayer, con el apoyo de ERC y los votos a favor de PSC, ICV y la CUP, la nueva ley catalana de Horarios Comerciales. El pequeño comercio, representado por la Confederación de Comercio de Cataluña y Pimec Comerç, pidió al Ejecutivo que la respete y acepte la idiosincrasia del tejido comercial catalán.

En julio de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy dio un primer paso para dar mayor libertad horaria a los establecimientos españoles. El Consejo de Ministros aprobó entonces aumentar las horas y los días festivos de apertura de los comercios y obligó a catorce ciudades, entre ellas Barcelona, a liberalizar los horarios en las zonas turísticas, entre otros aspectos. El gobierno de Artur Mas vio en la nueva norma un ataque frontal contra el modelo de comercio catalán, basado en la presencia equilibrada del pequeño comercio, el de barrio, y de las grandes superficies y marcas comerciales. No tardó en reaccionar ante lo que consideró una clara invasión de competencias.

En octubre de ese año, el Consell Executiu aprobó un decreto para reafirmar su política comercial y blindar el modelo propio a Cataluña. Pero el Gobierno llevó la decisión del ejecutivo catalán ante el Tribunal Constitucional que, finalmente, la suspendió en febrero de 2013 a la espera de emitir sentencia. El PP interpuso asimismo un recurso ante el Consell de Garanties. Un mes después, en marzo, CiU y ERC pactaron impulsar una nueva norma con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector comercial sin claudicar a la ley estatal. Y ésta es la que ayer salió adelante.

El redactado es muy similar al del decreto suspendido pero añade que los comercios podrán abrir diez festivos al año, en vez de los ocho reconocidos por el decreto. Es precisamente este punto que el Consell de Garanties consideró inconstitucional al contradecir la ley estatal.

Para el PP, la nueva ley es «excesiva» y consideró, en palabras del diputado Santi Rodríguez, que debería dar más «facilidad» y «flexibilidad» a los establecimientos ante unos hábitos de compra que están cambiando a pasos agigantados. Sin embargo, para el resto de formaciones, la norma permite proteger el comercio de proximidad y defender el modelo propio a Cataluña.

Con todo, está por ver cómo reaccionará el Gobierno y qué decidirá el Constitucional.