El Parlament pedirá ampliar la partida educativa con un crédito

El Govern dejará de contratar a 540 docentes por «el veto de la CUP a los presupuestos».

Los nuevos recortes en educación han puesto en pie de guerra a la comunidad educativa. La consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, anunció que su departamento no contará para el próximo curso con los 211 millones que se habían previsto para las becas comedor y el apoyo a la escuela inclusiva como consecuencia del veto de la CUP a los nuevos presupuestos. Y que, como consecuencia, no se podrán asumir los compromisos pactados: El incremento de 400 profesores para los centros considerados de alta complejidad, los 140 profesionales para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, la mejora de las sustituciones o la convocatoria de oposiciones antes de julio del año que viene, entre otras medidas.

Una explicación que no convence al Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE) en Cataluña. Consideran que la consellera se ha escudado en la prórroga presupuestaria para justificar el recorte de 211 millones y le afean su falta de voluntad política. La no aprobación de los presupuestos, dicen los afectados, no impide al Govern llevar a término las medidas pactadas puesto que cabe la posibilidad de solicitar un crédito.

Con esta premisa, los representantes del MUCE se reunieron ayer con todos los grupos parlamentarios, excepto Junts pel Sí, cuya portavoz, Anna Simó (ERC), no pudo asistir «por problemas de agenda». A la salida del encuentro, el presidente de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, Jaume Aguilar, anunció que toda la oposición presentará ante el Parlament una propuesta conjunta para ampliar el presupuesto educativo. En ella se instará al Gobierno catalán a «adoptar las medidas ejecutivas y las iniciativas legislativas necesarias para proceder a la ampliación de créditos o, si fuera imprescindible, a la aprobación de créditos extraordinarios para resolver las graves carencias que se apuntan de cara al próximo curso académico». «Es una decisión, además, que se ha de tomar con urgencia, porque las escuelas y los institutos están ya en plena planificación del curso próximo», avisó Aguilar.

La postura de JxS se podrá conocer el próximo miércoles, cuando Simó se reúna con los representantes de la comunidad educativa. Ayer tan sólo se limitó a pedir al resto de grupos que no presenten ante la Mesa del Parlament la propuesta de ampliación de crédito porque, dice, ya están trabajando con el departamento de Economía para mejorar la partida educativa.

En todo caso, los sindicatos siguen presionando al Govern para que actúe cuanto antes. Desde CC OO consideran que «se ha construido un relato de los hechos que no se ajusta a la capacidad que tiene el Govern para legislar». USTEC, por su parte, considera que «no es de recibo» que la Conselleria diga que no hay dinero para los centros de alta complejidad y los alumnos de educación especial. «Lo único que se tiene que hacer es dotar con ampliaciones de crédito las nuevas necesidades», insisten desde el sindicato, que pasan por mantener las plantillas que han trabajado durante este curso en los centros públicos, que se cubran todas las bajas desde el primer día, que se atiendan las necesidades derivadas de la atención a la diversidad y la creación de nuevas aulas para bajar los ratios de alumnos.

«Tan sólo basta voluntad política», alegan desde CGT. «Los 211 millones no representan una gran cantidad dentro de la partida presupuestaria», critican.

Las plataformas en defensa de la educación pública han convocado hoy a las una concentración para protestar contra los recortes y pedir que se incluyan los 211 millones previstos.