El pleno de la pobreza sólo concreta 30 millones para gas, luz, pisos sociales y barrios

La mayor parte de las medidas aprobadas quedan a expensas de la aprobación de los Presupuestos, aunque la CUP no se compromete.

Cuando se ha hablado de que un 20 por ciento de los catalanes está en riesgo de pobreza, de que esta cifra sube al 28,8 por ciento cuando se trata de niños o de que 683.000 catalanes sufren pobreza energética, que Junts pel Sí vuelva a votar dividida quizá sea una anédcota. Pero este detalle (que ERC votara a favor de una propuesta para la derogación de la reforma laboral y CDC se abstuviera) robó protagonismo a las resoluciones acordadas tras el pleno monográfico sobre la pobreza, a las que les faltó envergadura y, sobre todo, una partida presupuestaria.

De las medidas pactadas, las únicas que van acompañadas de una asignación presupuestaria son los 10 millones para combatir la pobreza energética –el año pasado sólo se gastaron 1,4 millones de los destinados a ayudar a las familias a pagar las facturas del suministro de agua, luz y gas– , 10 millones para aumentar el parque de vivienda social y otros 10 millones para resucitar el plan de barrios. En total, 30 millones de los 270 millones del plan de choque social que Junts pel Sí y la CUP pactaron para desencallar la negociación que permitió arrancar la legislatura. Unos 270 millones, que en su día, no sólo la CUP, también las entidades sociales denunciaron que eran insuficientes para revertir la pobreza. Aunque en su momento, Artur Mas, cuando todavía aspiraba revalidar la presidencia de la Generalitat, dijo que hubiera o no pacto, el plan de choque social se tiraría adelante, ahora resulta que hace falta esperar a concretar los presupuestos para concretar las partidas.

La ONG Save the Children, por ejemplo, pese a mostrarse más satisfecha con las conclusiones de este pleno que con el anterior, celebrado apenas hace dos años, incidió en que las medidas acordadas necesitan presupuesto. La misma «sensación agridulce» tenía Teresa Crespo, la portavoz de la Plataforma Pobresa Zero i Justícia Social, que abrió el pleno monográfico con un discurso en el que dio voz a las entidades sociales y donde reclamó un cambio de modelo social, que se actúe sobre las causas de la desigualdad y a corto plazo que se atajen las emergencias. Medidas como incrementar las becas comedor al cien por cien a las familias que lo necesiten son un ejemplo. Aunque no se concretaron cifras, según la oposición, la conselleria de Economía cifró esta actuación en 12 millones extra respecto a los 270 millones del plan de choque social.

Se garantizó, además, la renta mínima de inserción a través de una partida abierta según las necesidades. Asimismo, se pactó la creación de tarifas especiales de transporte público para colectivos en riesgo como los parados; recuperar ayudas para los libros de texto y transporte escolar de cara al próximo curso; recuperar la sexta hora y reducir las ratios por clase en las escuelas públicas de zonas socioeconómicamente con dificultades; recuperar subvenciones para las AMPA para poder actividades extraescolares, o incrementar el número de viviendas de emergencias para víctimas de la violencia doméstica. También incluir audífonos, gafas y dentista para los menores de 18 años en la salud pública; pagar los 70 millones que la Generalitat adeuda a los Ayuntamientos por servicios sociales, o elaborar un plan de lucha contra el despilfarro alimentario.

Si anteayer, el Govern supeditaba la lucha contra la pobreza ala llegada de la independencia, ayer, el Parlament aprobaba una resolución donde instar al Gobierno a revisar los objetivos de déficit «excesivos y sesgados impuestos a las Comunidades Autónomas que obligan a hacer unos ajustes excesivos y repercuten en los servicios sociales que prestan las administraciones».

Pese haber avanzado en el clima de diálogo y la muestra es que tras aprobarse las propuestas hubo un aplauso unánime, las entidades sociales avisaron de que estarán atentas a los presupuestos de 2016, de los que dependen el grueso de las propuestas aprobadas. Oriol Junqueras confía en la CUP para sacar adelante las cuentas, pero Anna Gabriel ya avisó de que por delante queda mucho por negociar.