El soberanismo aumenta la presión sobre los funcionarios

La publicación de un borrador de la ley de desconexión vuelve a poner contra las cuerdas a los empleados públicos, que deberían elegir entre legalidad catalana y española.

«Estoy harta del proceso independentista y las inquietudes que nos genera», explica a LA RAZÓN una funcionaria de la Generalitat de Cataluña. El Govern se ha esforzado por trasladar tranquilidad y seguridad a los empleados públicos desde que puso en marcha su aventura independentista, pero por el momento está consiguiendo todo lo contrario. La cascada de maniobras y anuncios que ha llevado a cabo y que situarían a este colectivo, que es una pieza decisiva en la maquinaria para celebrar el referéndum, en el ojo del huracán, ha logrado suscitar desasosiego.

A la exhortación de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, para que se cogieran día de asuntos propios para que fueran a apoyar a Artur Mas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su juicio por el 9-N y a las amenazas que vertió Lluís Llach sobre los que no acaten con la legalidad catalana cuando se produzca la desconexión, se unió ayer a la publicación de un borrador de la ley de ruptura –Ley de Transitoriedad Jurídica, que daría cobertura legal a la independencia–, que publicó El País. En ella se detalla que los funcionarios de la Generalitat «se integran automáticamente en la Administración General de Cataluña», pero los considerados autoridad pública –jueces y policía– y los que están al servicio del Estado que prestan sus servicios en Cataluña no tendrían garantizada su plaza.

Jueces y policías deberían solicitar la nacionalidad catalana si quieren continuar desempeñando sus funciones, y los funcionarios del Estado –29.000, de los 316.000 que hay en Cataluña– podrían «optar a la integración» siempre que cumplan con «los términos y condiciones establecidos» por la ley de ruptura. En este sentido, otra empleada pública, expresa su irritación a este periódico al saber que su puesto de trabajo dependería de su adecuación a las exigencias que imponga el nuevo ordenamiento jurídico catalán. «He invertido cinco años en obtener mi oposición y ahora me quedaría sin empleo», asegura.

No obstante, el sindicato mayoritario en la administración general del Estado está en alerta y reaccionó ayer con advertencias. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, que se reunió con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, rechazó de plano que un funcionario de la administración del Estado pueda pasar de «manera automática a depender de otro empleador distinto como es el gobierno catalán» porque «no está recogido en el ordenamiento jurídico español». Tras estas palabras advirtió que el estatuto básico del empleado público reconoce como «falta muy grave no acatar la Constitución ni los Estatutos de Autonomía», en alusión a que los funcionarios que «cumplieram una orden ilegal» estarían cometiendo «una infracción».