Enseñanza aparta preventivamente a un profesor con antecedentes por abusos

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat ha confirmado hoy que ha apartado de las aulas a un profesor por tener antecedentes penales por abuso de menores.

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat ha confirmado hoy que ha apartado de las aulas a un profesor por tener antecedentes penales por abuso de menores, según han dicho a Efe fuentes en esta conselleria. El profesor ha sido trasladado, de forma preventiva, a la realización de tareas administrativas en el Consorcio de Educación de Barcelona mientras se adopta una decisión definitiva sobre este caso, tras haber tenido conocimiento de sus antecedentes.

Sin embargo, las citadas fuentes han asegurado desconocer la polémica surgida, en octubre de 2010, en el colegio público Àngel Guimerà de Pallejà (Barcelona) con relación a este mismo profesor, publicada hoy por "El Periódico de Catalunya".

Según este rotativo, los padres montaron guardia ante el centro para evitar que el maestro A.F.V.C. entrara en el mismo, después que el docente fuera arrestado por supuestos abusos sexuales cometidos contra el hijo menor de una enseñante del citado colegio. Tras la denuncia de la madre y maestra del centro, los Mossos d'Esquadra detuvieron al profesor en el colegio, lo que suscitó el miedo entre los padres.

Cuando la asociación de padres tuvo conocimiento de lo ocurrido, averiguaron que, en 2004, el profesor había sido detenido por abusos sexuales a un menor y por posesión de pornografía infantil. Fuentes del departamento de Enseñanza han asegurado desconocer el caso de Pallejà y han indicado que están investigando lo ocurrido.

Aunque la ley que obliga a acreditar antecedentes a los que trabajen con menores es reciente, en el año 2006, se estableció en Cataluña un Protocolo Marco contra el maltrato infantil que fue promovido por el Sindic de Greuges en colaboración con otras administraciones, que se llevo a cabo a raíz del "caso Alba". Más recientemente, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece la obligación de acreditar, para quienes pretendan acceder o ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, que no tienen antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales.

Efe