Entidades y sindicatos preparan un otoño caliente para frenar la «Ley Aragonès»

El conseller de economía ultima una norma para regular la contratación a terceros en educación, sanidad y servicios sociales. Sus detractores temen la privatización de servicios básicos

Esperaron a la Diada, para no resquebrajar la imagen de unidad del soberanismo. Aunque Oriol Junqueras y Carles Puigdemont dinamitaran la tregua. Pero ahora que ha pasado el 11 de septiembre, una cincuentena de entidades sociales, el sindicalismo más independentista y partidos como la CUP abren la veda. Antes de las vacaciones prometieron que volverían con las pilas recargadas para frenar la Ley de Contratos y Servicios a las Personas, conocida como «Ley Aragonès», pues es el conseller de Economía quien la está redactando. Y no han faltado a su palabra. Ayer, en la plaza Sant Jaume, anunciaron que se constituyen en la «Plataforma Aturem la Llei Aragonès» e i nformaron de que no pararán hasta quemar el proyecto de ley ante la conselleria de Economía antes de que vea la luz.

El motivo de tanta aversión es que temen que la ley abra la puerta a privatizar más servicios básicos de los gestionados actualmente. Temen que una gestión privada priorice el beneficio económico en detrimento de la calidad. Para ilustrarlo, organizaron una performance con un centenar de personas en la que simularon el funeral de los servicios públicos con el «Réquiem» de Mozart. También sonó el «Fucking Money Man» de Rosalía, porque sospechan que la «ola privatizadora» perjudicará los derechos laborales de los trabajadores.

Por ahora, anuncian una concentración el 25 de septiembre a las 18.00 horas ante el Parlament, coincidiendo con el pleno y una manifestación el 19 de octubre.

De nada sirve que Pere Aragonès alegue que pretende lo contrario. Que quiere regular la contratación a terceros en áreas delicadas como la sanidad, la educación y otros servicios sociales, para que en las contrataciones de servicios sociales no pese tanto el factor precio. Cala más la historia que cuenta Pilar, una de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria de Sant Feliu de Llobregat, que ha visto como sus condiciones laborales han ido a peor desde que el municipio privatizó la atención domiciliaria a las personas mayores.

En un encuentro con Aragonès, Pilar le contó que tiene compañeras que hace ocho años que enlazan contratos de obra y servicio. El conseller le respondió que precisamente, la ley se hace para evitar situaciones como la suya. Desde 2011, la normativa estatal busca maximizar el ahorro en los contratos de concesión de servicios de la administración y se basa en el factor precio. Aragonès quiere que el precio deje de ser el criterio de adjudicación principal para que prime la calidad y combatir la corrupción. Pero el anexo del proyecto incluye servicios que ahora no se prestan mediante concesión. Es más, dice que «si no están incluidos en la ley, regirá el precio y no la calidad a la hora de adjudicarlos».

El Govern descarga en ERC la responsabilidad de la nueva legislación

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, dijo confiar en la labor de la Conselleria de Economía para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat 2020, pese a que dos de los potenciales socios para que las cuentas prosperen -comuns y CUP- apoyaron este martes una protesta contra el proyecto de ley de contratos y servicios de la Generalitat, conocida como «ley Aragonès».

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Budó replicó a los concentrados en la plaza Sant Jaume bajo el paraguas de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès que el Ejecutivo liderado por Quim Torra defiende esa nueva ley.

«Consideramos que hace que las empresas que tienen contratación en el sector social puedan concurrir en igualdad de condiciones en la contratación pública y creemos que es una buena ley», explicó la portavoz.

Pese a las discrepancias con los potenciales socios, la consellera de Presidencia insistió en que las negociaciones se están llevando a cabo; y de la formación liderada por Ada Colau, reconoció que es un «actor importante» para sacar adelante las cuentas.

La portavoz recordó que el Ayuntamiento de Barcelona también está buscando avales para conseguir aprobar su presupuestos «que requerirán de unas negociaciones políticas».

«Lo que pasa es que yo creo que es algo mucho más trabajado que no solo un intercambio de decir: aprobamos los unos y aprobamos los otros; hace falta un trabajo de fondo», advirtió acerca de las dificultades en el consistorio.

Claves

En 2001, una nueva normativa estatal fijó que los contratos de concesión de servicios de las administraciones se basan en el factor precio. La idea era ahorrar en las licitaciones.

La Generalitat pretende desmarcarse de esta normativa y que la calidad prime sobre el precio para combatir la corrupción.

Pero la Ley de Contratos de Servicios a las Personas– mira de no chocar con la normativa estatal. La plataforma alerta de que las privatizaciones tendrá efectos en la educación, la formación permanente, el transporte escolar, los servicios de ginecología, pediatría, trasplantes, intervenciones quirúrgicas y el tercer sector. Temen que si la gestión pasa de manos públicas a privadas, el sistema se precarice. Defienden que la externalización sea una medida excepcional.